La anticipada toma de posesión del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, prevista para el domingo, se vio empañada por controversias legales y tensiones, reflejando el clima político agitado desde su victoria electoral el pasado 20 de agosto.
El Congreso, que debería asistir como parte de una sesión especial, se vio envuelto en disputas internas sobre la delegación que sería reconocida oficialmente. La comisión encargada de este proceso, mayormente compuesta por opositores, generó demoras que algunos interpretan como una táctica para debilitar al presidente electo.
El partido de Arévalo enfrenta desafíos en el Congreso, sin tener garantizada una mayoría y enfrentando resistencia formal.
La actual fiscal general, Consuelo Porras, había intentado emplear todos los recursos legales disponibles para enjuiciar a Arévalo antes de su toma de posesión. A pesar de estos desafíos, Arévalo expresó su entusiasmo afirmando que la sociedad guatemalteca ha desarrollado la determinación de decir ‘no’ a las élites político-criminales.
Arévalo, académico y diplomático, representa un cambio en la política guatemalteca, marcando un despertar en una población cansada de la corrupción e impunidad. Sin embargo, sus posturas anticorrupción y su condición de forastero enfrentan obstáculos significativos en el país centroamericano.
La toma de posesión, que debería haber sido una celebración festiva en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala, se vio amenazada por las luchas internas y las tensiones políticas.
A pesar de los desafíos, Arévalo contó con un fuerte respaldo internacional, con la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y Estados Unidos instando al respeto por la voluntad popular.
La resistencia legal contra Arévalo también se ha manifestado en intentos de suspender su partido, el Movimiento Semilla, y despojarlo de su inmunidad. La comunidad internacional ha rechazado las acusaciones de fraude y ha instado a respetar el proceso democrático.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
