El Gobierno de Canadá no habría cumplido con las normas básicas de contratación ni de seguridad al otorgar contratos a GCStrategies, la empresa detrás de la polémica aplicación ArriveCan, según reveló la auditora general Karen Hogan en un nuevo informe que expande una investigación previa sobre esta firma.
La auditoría más reciente de Hogan examinó 106 contratos otorgados a GCStrategies por 31 organizaciones federales entre 2015 y 2024, con un valor máximo que supera los 90 millones de dólares. La investigación concluyó que, en la mayoría de los casos, los procedimientos requeridos no se siguieron: se adjudicaron contratos sin evaluar si era necesaria una licitación pública, sin confirmar autorizaciones de seguridad y sin documentación que demostrara la recepción de los entregables.
“El Gobierno no obtuvo valor por el dinero de los contribuyentes”, afirmó Hogan. En más del 80% de los contratos revisados, las entidades federales no pudieron demostrar que los pagos realizados a GCStrategies estaban dentro de las tarifas del mercado. En casi la mitad, no hubo pruebas de que el trabajo contratado se hubiera recibido, a pesar de que los pagos se efectuaron de igual manera.
Además, Hogan alertó que más del 50% de los contratos que requerían autorizaciones de seguridad no contaban con pruebas de que estas se hubieran verificado antes de la adjudicación. La documentación era tan escasa que muchas organizaciones ni siquiera pudieron comprobar que el personal contratado tuviera la experiencia o las cualificaciones necesarias.
Falta de supervisión y consecuencias limitadas
El año pasado, GCStrategies perdió su estatus de seguridad y recientemente fue excluida de participar en contratos federales durante siete años por su conducta. Sin embargo, Hogan enfatizó que este problema no se limita a un solo proveedor: “No tengo motivos para creer que esto sea exclusivo de dos proveedores. El gobierno debe dar un paso atrás y analizar por qué ocurre este comportamiento”, declaró. Pese a la magnitud de los hallazgos, la auditoría no incluyó recomendaciones formales, ya que, según Hogan, las reglas ya existen; simplemente no se están cumpliendo.
Desde el gobierno, el ministro de Adquisiciones, Joël Lightbound, aseguró que ya se están tomando medidas para garantizar el cumplimiento de las normas en todos los departamentos. Por su parte, la Cámara de los Comunes había solicitado por unanimidad esta auditoría en septiembre, tras conocerse los problemas iniciales en el desarrollo de ArriveCan. Con esta nueva publicación, se confirma que los fallos en los controles no fueron aislados, sino parte de un patrón preocupante de gestión pública.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
