El gobierno de Estados Unidos anunció la reanudación del programa migratorio que permite la entrada legal de inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La medida llega después de una suspensión temporal para investigar posibles fraudes en el proceso, y ahora incluye procedimientos adicionales para aumentar la seguridad y la transparencia en la selección de los patrocinadores financieros que respaldan a los migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había suspendido el programa a principios de agosto debido a preocupaciones sobre posibles abusos por parte de los patrocinadores. Sin embargo, tras una auditoría interna, el DHS afirmó que no encontró evidencia de fraude generalizado, aunque sí detectó algunos casos aislados, como el uso de números de Seguro Social falsos. Como resultado, el programa ha sido reactivado con un mayor escrutinio de los patrocinadores, incluyendo revisiones más exhaustivas de antecedentes penales, registros financieros y la toma de huellas dactilares.
Este programa, que se lanzó en enero de 2023 bajo la administración de Joe Biden, permite la entrada de hasta 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela por un período de dos años. Los inmigrantes beneficiados deben contar con un patrocinador financiero en Estados Unidos que se haga responsable de ellos y pueden solicitar permisos de trabajo. Los patrocinadores, a menudo familiares o amigos, deben cumplir con estrictos requisitos de seguridad, y ahora enfrentarán una mayor vigilancia para prevenir fraudes y explotación.
El programa se ha convertido en una pieza clave de la política migratoria del presidente Biden, al crear vías legales para la inmigración y reducir la presión sobre la frontera sur de Estados Unidos. A cambio, el gobierno de México ha aceptado readmitir a personas de estos cuatro países que crucen la frontera de manera ilegal.
Desde que se puso en marcha, más de 520.000 personas de estos países han ingresado legalmente a Estados Unidos bajo el programa. El impacto ha sido notable: el número de arrestos por cruces ilegales en la frontera ha disminuido significativamente. Por ejemplo, los arrestos de cubanos durante el primer semestre de 2024 fueron de 5.065, en comparación con los más de 42.000 registrados en noviembre de 2022. También se registraron 304 arrestos de haitianos en ese mismo periodo, en contraste con casi 18.000 en septiembre de 2021.
A pesar de su éxito en reducir los cruces ilegales, el programa ha enfrentado críticas de los republicanos, quienes lo acusan de debilitar las leyes migratorias y de permitir el ingreso de inmigrantes inadmisibles. Entre las reformas implementadas se encuentra una revisión más estricta de los registros financieros de los patrocinadores, la identificación de aquellos que presenten un gran número de solicitudes, y un mayor enfoque en la detección de fraudes. También se aclaró que, desde el inicio del programa, se ha detectado un número muy reducido de casos que justifican una investigación penal o la adopción de medidas legales.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
