Human Rights Watch presentó un informe en el que se documentan violaciones de los derechos humanos de menores arrestados durante el estado de emergencia en El Salvador, el cual otorga al presidente Nayib Bukele poderes extraordinarios para combatir a las pandillas.
El documento de 114 páginas detalla casos de detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos contra menores detenidos como parte de la política de mano dura del gobierno contra las pandillas, arraigadas en barrios y comunidades pobres durante más de tres décadas.
Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, explicó en una conferencia de prensa que el régimen de excepción ha provocado un aumento sin precedentes en la detención y condena de menores de edad.
En su investigación, realizada entre junio de 2023 y julio de 2024, Human Rights Watch documentó 66 casos de menores víctimas de abusos como detención arbitraria, tortura, malos tratos y acoso policial. “Estos 66 son apenas una muestra de lo que ocurre con los más de 3.000 niños, niñas y adolescentes que han sido detenidos en el país y los más de 800 que siguen presos en centros de detención juvenil”, señaló Pappier.
El informe de la organización internacional indica que los detenidos, a quienes las autoridades vinculan con las pandillas, han sido sometidos a condiciones deplorables de detención, incluyendo hacinamiento, falta de alimentación y atención médica adecuada, y falta de contacto con abogados y familiares. Además, en varios casos, los menores han sido detenidos junto con adultos durante los días iniciales de su arresto y muchos han sido condenados por delitos definidos de forma amplia y en juicios con violaciones al debido proceso.
Contexto del estado de excepción
El estado de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022 suspendió derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. Bajo este régimen, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y prolongar la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Como parte de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, con penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años. Las reformas también imponen penas de al menos 10 años a menores de entre 12 y 16 años miembros de pandillas, y de 20 años a los de entre 16 y 18 años.
Desde la aprobación del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 81.110 personas, incluidos 3.000 menores. Más de 1.000 menores han sido condenados a penas que van de dos a 12 años de prisión.
Human Rights Watch asegura que “en muchos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura”.
Ante “las graves violaciones de derechos humanos”, Human Rights Watch sugirió que “los gobiernos de Estados Unidos, América Latina y los Estados miembros de la Unión Europea deberían aumentar la atención internacional sobre la situación en El Salvador”. Además, recomendaron que los gobiernos y las instituciones financieras internacionales “suspendan todo tipo de préstamos o donaciones existentes a las instituciones gubernamentales presuntamente involucradas de manera creíble en abusos”, incluidas la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas y el sistema penitenciario.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
