El Congreso de El Salvador aprobó el pasado 27 de marzo el estado de emergencia a pedido del presidente de la república Nayib Bukele. La decisión se tomó como respuesta al aumento del número de asesinatos que son atribuidos a bandas criminales.
Una vez instaurado el régimen de excepción, se suspendió el derecho de las personas de ser informadas debidamente sobre los motivos de su detención y sobre su derecho de ser asistidos por un abogado. Además, las autoridades, pueden intervenir los teléfonos y las correspondencias de quienes consideren sospechosos.
Desde entonces, militares y unidades policiales han irrumpido, fuertemente armados en sectores considerados violentos y que representan un gran peligro para la población. Son barrios y comunidades carentes y vulnerables, donde según las autoridades se ocultan los pandilleros.
Para organizaciones de derechos humanos, se están cometiendo abusos de todo tipo, son arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas temporalmente, maltrato a los detenidos y hasta la muerte en algunos casos. Se sabe de por lo menos tres personas que habrían fallecido mientras estaban bajo la custodia de las autoridades.
La organización Human Rights y la fundación Cristosal, esta última con su sede en el país, aseguran que ya existen pruebas de que las autoridades han cometido una serie de ilegalidades. Según sus reportes, han documentado evidencias de personas inocentes detenidas arbitrariamente.
Las conclusiones de ambas organizaciones se basan en entrevistas realizadas a los involucrados en cada uno de los casos. Se trata de familiares, abogados, líderes sociales y por supuesto, a las propias víctimas. Asimismo, se verificaron registros médicos, documentos judiciales y fotografías que comprueban sus declaraciones.
Redacción de: J.Bendezu, LJI Reporter
