Una iniciativa de ley que permitiría a las agencias policiales del estado de Luisiana detener y encarcelar a las personas que hayan ingresado a Estados Unidos de manera ilegal fue aprobada el miércoles por los legisladores y podría llegar pronto al despacho del gobernador.
En medio de las tensiones entre los estados republicanos y el presidente demócrata Joe Biden sobre cómo y quién debe resguardar la frontera entre Estados Unidos y México, una creciente lista de estados republicanos ha adoptado medidas para aplicar leyes migratorias. No obstante, leyes similares a la aprobada en Luisiana actualmente enfrentan impugnaciones legales en Iowa, Oklahoma y Texas.
En marzo, Texas logró aplicar su ley de control migratorio durante unas confusas horas, mientras las disputas legales se desarrollaban en los tribunales federales. Durante ese breve periodo, las autoridades texanas no reportaron ninguna detención bajo la nueva ley, evidenciando que muchos sheriffs no estaban preparados o no estaban interesados en hacerla cumplir. La ley aprobada en Texas permanece en suspenso, a la espera de un dictamen definitivo de un panel de un tribunal federal de apelaciones, que ya escuchó los argumentos en abril.
La iniciativa de ley en Luisiana, similar a la de Texas, busca ampliar la autoridad de las policías estatal y locales. Tipificaría el delito de “entrada o reentrada ilegal” en Luisiana, castigado con hasta un año de prisión y una multa de 4.000 dólares por un primer delito, y con hasta dos años de prisión y una multa de 10.000 dólares por una reincidencia. La senadora republicana Valarie Hodges, impulsora de la iniciativa, dijo que esta ley “iniciaría el proceso de deportación”, aunque la aplicación de la ley migratoria y las deportaciones han sido históricamente competencia exclusiva de las agencias federales.
Los defensores de esta legislación argumentan que es necesaria para proteger a los ciudadanos estadounidenses y acusan al gobierno federal, especialmente a Biden, de no cumplir con su obligación de hacer cumplir la ley migratoria. El gobierno de Biden ha señalado que esta iniciativa usurpa ilegalmente las funciones de las autoridades federales y es inconstitucional, argumentando además que no mejorará la seguridad en el estado y alimentará una retórica negativa contra los inmigrantes.
Otras medidas migratorias
A nivel nacional, legislaturas con mayoría republicana han impulsado medidas migratorias más duras. La Cámara de Representantes de Oklahoma aprobó una iniciativa que prohíbe el uso de recursos estatales para proporcionar prestaciones a quienes viven ilegalmente en el estado. En Tennessee, el gobernador promulgó una ley que obliga a las fuerzas del orden a comunicarse con las autoridades federales de inmigración si descubren a personas sin permiso de residencia. En Oklahoma e Iowa, medidas similares a la ley de Texas entrarán en vigor en julio.
La iniciativa de ley de Luisiana fue aprobada el miércoles en la Cámara de Representantes tras solo tres minutos de debate y sin oposición en el estrado. La iniciativa regresará al Senado, de mayoría republicana, para la aprobación de enmiendas menores. Si el Senado está de acuerdo, la ley se enviará al gobernador Jeff Landry, quien ha sido un firme partidario de la intervención estatal en la aplicación de la ley migratoria.
Si Landry aprueba la iniciativa, esta solo entraría en vigor si la Corte Suprema federal ratifica la ley de Texas o si se modifica la Constitución de Estados Unidos para otorgar más poder a los estados en la aplicación de la ley fronteriza. Aunque Luisiana no tiene frontera con México, las políticas dirigidas a los inmigrantes han cobrado protagonismo bajo el nuevo gobierno conservador. Recientemente, los legisladores de Luisiana aprobaron una iniciativa que prohibiría las políticas de ciudad santuario, obligando a las policías locales a cooperar con los funcionarios federales de inmigración a menos que lo ordene un tribunal.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
