Brasil ha decidido expulsar a la embajadora de Nicaragua, Fulvia Patricia Castro Matus, en respuesta a la reciente expulsión del embajador brasileño en Managua, Breno Souza da Costa, por parte del gobierno de Daniel Ortega. Esta decisión, anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, es una aplicación directa del principio de reciprocidad y marca un punto crítico en la relación entre dos históricos aliados de la izquierda latinoamericana: Luiz Inácio Lula da Silva y Daniel Ortega.
La relación entre Brasil y Nicaragua, que había sido históricamente cercana, comenzó a deteriorarse en los últimos años debido a la creciente represión del régimen de Ortega y las críticas internacionales. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, intentó mediar en la crisis de Nicaragua, especialmente en la situación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue encarcelado en 2022 por el gobierno nicaragüense. Según declaraciones de Lula, Ortega no respondió a las solicitudes de diálogo, lo que contribuyó al enfriamiento de las relaciones diplomáticas.
El desencadenante más reciente de la crisis fue la ausencia del embajador Souza da Costa en la ceremonia del 45º aniversario de la revolución sandinista, celebrada el 19 de julio de 2024 en Managua. La ceremonia, considerada un evento clave para el régimen sandinista, fue vista como una oportunidad para reafirmar la lealtad de sus aliados. Sin embargo, la decisión del embajador brasileño de no asistir al evento, en línea con las directrices de Brasilia, enfureció a Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
El 31 de julio, el gobierno de Nicaragua ordenó la expulsión del embajador Souza da Costa, dándole un plazo de 15 días para abandonar el país. Ante esta medida, Brasil decidió aplicar el principio de reciprocidad y ordenó la expulsión de la embajadora nicaragüense en Brasilia. Según informes de la Cancillería brasileña, esta expulsión no implica una ruptura completa de las relaciones diplomáticas, aunque es un claro reflejo de la tensión existente entre ambos países.
Fulvia Patricia Castro Matus, quien había asumido el cargo de embajadora en Brasil apenas en mayo de 2024, ha regresado a Nicaragua, donde fue nombrada ministra de Economía Familiar por el gobierno de Ortega. Este nombramiento fue anunciado por Rosario Murillo durante una de sus alocuciones diarias a los medios oficialistas.
Repercusiones regionales
La crisis entre Brasil y Nicaragua coincide con una iniciativa diplomática liderada por Lula, en colaboración con Colombia y México, para presionar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela para que entregue las actas electorales y demuestre la legitimidad de su victoria en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024. Esta situación ha exacerbado las tensiones entre Brasil y los regímenes autoritarios de la región, particularmente con Nicaragua, donde Ortega ha intentado desacreditar a Lula como mediador, acusándolo de estar alineado con Estados Unidos.
La expulsión de los diplomáticos representa un deterioro significativo en las relaciones entre Brasil y Nicaragua, y subraya el aislamiento creciente del gobierno de Ortega en la comunidad internacional. Además, este episodio pone en evidencia la dificultad de Lula para mantener su papel de mediador en los conflictos de la región, especialmente frente a líderes autoritarios como Ortega.
A largo plazo, esta crisis diplomática podría tener repercusiones significativas en la política regional de América Latina. La ruptura entre Lula y Ortega simboliza el declive de una era de cooperación entre gobiernos de izquierda en la región, marcando una distancia entre los enfoques más democráticos y aquellos que han derivado en autoritarismo.
Además, la expulsión de los diplomáticos podría afectar la cooperación bilateral en áreas como el comercio, la educación y la cultura, aunque Brasil ha asegurado que mantendrá los servicios consulares para los ciudadanos brasileños en Nicaragua. La situación también podría influir en la percepción de Brasil en la arena internacional, destacando la postura del país frente a gobiernos que violan los derechos humanos y las normas democráticas.
Redacción de: Karen Rodríguez A.