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Argentina prohíbe cirugías y tratamientos de cambio de género en menores de 18 años

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El gobierno de Javier Milei anunció la modificación de la Ley de Identidad de Género, eliminando la posibilidad de que menores de 18 años accedan a cirugías de cambio de sexo y tratamientos de hormonización, incluso con el consentimiento de sus padres o tutores.

El decreto, firmado por el presidente Milei, también prohíbe a los menores solicitar la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre y la modificación de la imagen en el documento de identidad.

Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la decisión se basa en la protección de la salud de los menores, ya que estos tratamientos implican “un grave riesgo tanto físico como mental” y pueden generar consecuencias irreversibles. En un comunicado oficial, el gobierno calificó la ideología de género como “abuso infantil” cuando se aplica en niños “por la fuerza o coerción psicológica”.

Impacto de la medida

La Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012, permitía a los menores de edad acceder a tratamientos de cambio de sexo con autorización de sus tutores e incluso recurrir a la justicia en caso de negativa. Con la modificación del gobierno de Milei, esto queda prohibido.

Además, el decreto establece que los tratamientos de cambio de sexo en adultos dejarán de estar cubiertos por el Plan Médico Obligatorio, lo que implica que ya no serán financiados por el sistema de salud pública.

La decisión se anunció pocos días después de masivas marchas en defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, realizadas el 1 de febrero en Buenos Aires y otras ciudades, en respuesta a declaraciones de Milei en el Foro de Davos.

En dicho evento, el presidente argentino arremetió contra la ideología de género, afirmando que “en sus versiones más extremas, constituye abuso infantil”. Además, el gobierno anunció que las personas detenidas cumplirán condena según el género registrado al momento de cometer el delito, evitando cambios de cárcel por modificaciones de género posteriores.

El decreto presidencial podría enfrentar desafíos legales, ya que aún existe la posibilidad de que un juez suspenda la medida. Mientras tanto, el debate sobre los derechos de las personas trans y la autonomía de los menores de edad continúa generando controversia en la sociedad argentina.

Redacción de: Karen Rodríguez A. 

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