La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús condenó enérgicamente la decisión del gobierno de Nicaragua de declarar ilegal a la congregación jesuita y confiscarle todos sus bienes, al tiempo que demandó al presidente Daniel Ortega que “cese la represión” en ese país.
En una declaración difundida en redes sociales, los jesuitas centroamericanos dijeron desde su sede en San Salvador que la cancelación de la personería jurídica de la Asociación Compañía de Jesús en Nicaragua se realizó “sin dar oportunidad a la legítima defensa” por parte de los jesuitas.
Se llevó a cabo “sin que haya una instancia judicial imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios”, agregó el informe, tras señalar que más de 3.000 asociaciones no gubernamentales fueron clausuradas en los últimos años con procedimientos similares.
La Provincia de Centroamérica de la Compañía de Jesús pidió a Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo que “cese la represión” y que acepten buscar “una solución racional” a la crisis en Nicaragua, “en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo, el respeto de los derechos humanos (y) el estado de derecho”. Así mismo, demandó respeto a “la libertad y total integridad de los jesuitas y las personas que colaboran con ellos”.
Los jesuitas subrayaron que el contexto nacional de represión sistemática fue calificado como “crímenes de lesa humanidad” por el grupo de expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y resaltó que va dirigido “al pleno establecimiento de un régimen totalitario” en Nicaragua.
La cancelación de la Compañía de Jesús en Nicaragua fue anunciada apenas días después del cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), la más prestigiosa del país, cuyos bienes muebles e inmuebles también fueron confiscados. El gobierno acusó a la universidad de ser un “centro de terrorismo”, en referencia a las protestas estudiantiles que estallaron en abril de 2018.
Las medidas contra los jesuitas en Nicaragua tienen lugar en medio de una tensa relación entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica, uno de cuyos obispos -monseñor Rolando Álvarez- cumple una condena de más de 26 años de prisión tras ser acusado de “conspiración”, un cargo imputado a centenares de opositores “presos políticos”.
Redacción de: Karen Rodríguez
