El gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció el jueves la suspensión de las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en el país, ordenando a sus 13 funcionarios abandonar Venezuela en un plazo de 72 horas.
El canciller Yván Gil indicó que se ordenó una revisión integral de los términos de cooperación técnica firmados en 2019 y se exigió a los funcionarios de la ONU que rectificaran públicamente su actitud “colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”.
Esta decisión se produce en medio de preocupaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos tras el arresto de la abogada y activista Rocío San Miguel, quien fue detenida luego de ser vinculada con un presunto complot para atentar contra la vida de Maduro.
¿Cuál fue la reacción de la ONU?
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU lamentó la decisión y expresó su disposición a continuar conversando con las autoridades venezolanas para promover y proteger los derechos humanos en el país.
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Suiza, dijo que la agencia lamentó la decisión y está evaluando los próximos pasos.
“Continuamos conversando con las autoridades y otros actores”, afirmó Shamdasani. “Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”.
¿Qué dice el gobierno?
El canciller venezolano acusó a la Oficina del Alto Comisionado de mantener una postura sesgada y parcializada, afirmando que actuaba como “bufete particular” de grupos golpistas y terroristas. El gobierno de Maduro había acordado cooperar con el alto comisionado en 2019 para establecer una oficina de asesoría técnica local en Caracas, pero ahora decide suspender sus operaciones.
El caso de Rocío San Miguel ha generado preocupación internacional, con denuncias sobre violaciones al debido proceso y desaparición forzada. Las organizaciones de derechos humanos han instado al gobierno venezolano a respetar las garantías del debido proceso y liberar a la activista.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela rechazó las acusaciones y afirmó que San Miguel tenía una orden de aprehensión desde enero. Sin embargo, su detención ha sido cuestionada debido a su incomunicación y falta de acceso a su equipo de defensa.
La suspensión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela representa un revés en la cooperación internacional en materia de derechos humanos en el país sudamericano.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
