El Parlamento de Venezuela, dominado por el oficialismo, pospuso este martes el debate sobre una controvertida ley contra el “fascismo”, que ha suscitado críticas entre los opositores, quienes la consideran un nuevo intento del gobierno para reprimir a la disidencia política en el país.
La propuesta de ley, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, busca prohibir la existencia de partidos políticos acusados de fomentar el “fascismo” o ideologías similares. Además, impone multas de hasta 100.000 dólares a empresas, organizaciones o medios de comunicación que difundan información considerada como incitación al “fascismo”.
El retraso del debate fue anunciado en la noche del lunes, cuando el secretario del Parlamento informó a los legisladores que la sesión prevista para el martes había sido suspendida sin una nueva fecha programada. Este aplazamiento ocurre en medio de un clima de tensión política tras las elecciones del mes pasado, en las que Maduro reclamó la victoria para un tercer mandato, una reelección que ha sido ampliamente cuestionada tanto por la oposición como por la comunidad internacional.
Nuevas normativas en camino
Las protestas que siguieron a la proclamación de Maduro han dejado 25 muertos, alrededor de 200 heridos y más de 2.400 detenidos, en un contexto de creciente represión gubernamental. Además de la ley contra el “fascismo”, el Parlamento también está evaluando otras normativas que afectan directamente las libertades democráticas, como la regulación del financiamiento y actividades de las ONG, y nuevas restricciones para las redes sociales, que son fundamentales en Venezuela ante la escasez de medios independientes.
Organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación por estas medidas legislativas, instando al gobierno venezolano a no aprobar leyes que limiten las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Mientras tanto, el presidente Maduro ha defendido estas iniciativas como necesarias para proteger la estabilidad del país y combatir lo que denomina “ataques fascistas” en su contra. Sin embargo, críticos señalan que estas acciones buscan consolidar el poder del gobierno y silenciar a cualquier voz disidente, en un país que continúa enfrentando una grave crisis económica y social.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
