Los países de la Unión Europea aprobaron el martes una reforma significativa de su sistema de asilo, buscando resolver un problema que ha generado divisiones profundas entre los estados miembros desde la crisis migratoria de 2015. La aprobación llega en un momento crítico, con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina y la migración como un tema central en la agenda política.
Las 10 secciones legislativas del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo fue aprobado por los ministros de los estados miembros, en ellas se establecen normas claras para gestionar la entrada de personas a Europa sin autorización, desde la filtración inicial de los recién llegados hasta la determinación de su elegibilidad para protección o deportación si no cumplen con los requisitos para quedarse.
Hungría y Polonia, países que se han opuesto firmemente a cualquier obligación de acoger migrantes o financiar su manutención, votaron en contra del paquete. Sin embargo, no pudieron bloquear su aprobación.
Los partidos políticos tradicionales esperan que estas reformas mitiguen las tensiones que han plagado a la UE desde la llegada de más de un millón de personas en 2015, mayoritariamente huyendo de conflictos en Siria e Irak. La implementación completa del paquete legislativo, programada para 2026, pretende evitar que la ultraderecha gane terreno en las elecciones del 6 al 9 de junio.
Reacciones y críticas
Aunque se espera que las reformas reduzcan la carga sobre países como Grecia, Italia y Malta, que han soportado la mayor parte de la crisis migratoria, los críticos señalan que el pacto podría resultar en más acuerdos polémicos con países pobres y podría violar los derechos de los migrantes. La posibilidad de detener a los migrantes en las fronteras y tomar huellas dactilares de niños ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos.
Las leyes de asilo europeas no se habían actualizado en dos décadas y colapsaron en 2015, cuando el sistema no pudo manejar el volumen de migrantes. El nuevo pacto aborda la necesidad urgente de un sistema más eficiente y justo, especialmente en un contexto donde la Zona Schengen permite la libre circulación de personas dentro de sus 27 países miembros.
La implementación de este plan presenta desafíos significativos. La Comisión Europea presentará en junio un Plan de Aplicación Común, delineando los pasos y el calendario para poner en marcha el acuerdo en los próximos dos años. Hungría, que ha criticado vehementemente la reforma, asumirá la presidencia rotativa de la UE en julio, lo que podría complicar la implementación inicial del pacto.
La nueva norma obliga a los estados miembros a asistir a los países bajo presión migratoria, ya sea acogiendo a solicitantes de asilo, ofreciendo apoyo financiero (valorado en 20.000 euros por persona), o brindando asistencia técnica y logística. Este enfoque busca una distribución más equitativa de la responsabilidad entre los miembros de la UE.
El pacto afecta a un segmento específico de la población migrante: aquellos que cruzan ilegalmente las fronteras externas de la UE. En 2023, aproximadamente 300.000 personas llegaron de esta manera. El nuevo sistema establece un proceso de filtrado inicial en el país de entrada, incluyendo comprobaciones de identidad y salud, y determinará la elegibilidad para asilo o deportación en un máximo de siete días.
Los solicitantes de asilo deberán permanecer en “centros de recepción” durante el proceso, que no debe exceder las 12 semanas. El sistema también prevé la deportación automática para quienes no cumplan con los criterios de asilo, con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
