Donald Trump ha reiterado su intención de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una medida que, según él, abordaría el “abuso” del sistema migratorio estadounidense. Sin embargo, expertos legales y analistas coinciden en que esta promesa enfrenta enormes obstáculos constitucionales y legales.
La ciudadanía por derecho de nacimiento, garantizada por la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, establece que todas las personas nacidas en el país son automáticamente ciudadanas. Este principio ha sido fundamental en la definición de la identidad estadounidense desde su ratificación en 1868.
Trump, sin embargo, considera que esta práctica “es ridícula” y ha prometido emitir una orden ejecutiva en su primer día de mandato para restringir la ciudadanía a los hijos de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país o están temporalmente con visas de turista o estudiante.
Los argumentos de Trump y sus aliados
Trump y otros críticos de la ciudadanía por derecho de nacimiento, como el grupo NumbersUSA, argumentan que esta política incentiva la inmigración ilegal y el “turismo de nacimiento”, en el que mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos para dar a luz y garantizar la ciudadanía estadounidense para sus hijos.
Según la propuesta de Trump, las agencias federales dejarían de otorgar pasaportes y números de Seguro Social a los hijos de padres indocumentados o no residentes legales permanentes. Esta medida buscaría frenar el acceso de estos niños a beneficios sociales financiados por los contribuyentes.
La Enmienda 14, ratificada tras la Guerra Civil, establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen.” Este principio fue confirmado en 1898 por la Corte Suprema en el caso United States v. Wong Kim Ark, que reconoció la ciudadanía de un hombre nacido en Estados Unidos de padres inmigrantes chinos.
Sin embargo, algunos críticos argumentan que la frase “sujetas a su jurisdicción” podría interpretarse para excluir a los hijos de inmigrantes indocumentados. Aunque esta postura no ha sido respaldada por fallos judiciales recientes, Trump parece dispuesto a desafiar el precedente a través de los tribunales.
Los expertos legales coinciden en que una orden ejecutiva no sería suficiente para revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento, ya que contravendría la Constitución. Además, cualquier legislación que intente modificar este principio enfrentaría litigios prolongados y probablemente sería declarada inconstitucional.
Organizaciones como el Instituto de Política Migratoria advierten que eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento podría tener consecuencias graves. Según estimaciones de 2019, 5,5 millones de niños en Estados Unidos viven con al menos un padre indocumentado. Si se les negara la ciudadanía, se crearía una “subclase” de personas sin derechos plenos, perpetuando la exclusión social durante generaciones.
Además, los críticos de la medida destacan que la ciudadanía por nacimiento ha sido clave para la integración de inmigrantes y el fortalecimiento del tejido social en Estados Unidos.
Mientras Trump persiste en su promesa de redefinir quién puede ser ciudadano estadounidense, la viabilidad de su propuesta sigue siendo altamente cuestionable. Con fuertes barreras legales y una oposición significativa, el debate sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento continúa siendo un tema divisivo en el panorama político de Estados Unidos.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
