Desde el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo, hay una renuencia por parte de un segmento importante del Congreso con mayoría conservadora, que entiende que habría habido un fraude en el proceso electoral y ahora se esfuerza por encontrar razones para una vacancia del actual jefe del ejecutivo.
A pesar de registrarse un crecimiento económico considerable en los últimos meses, factores geopolíticos y la crisis proveniente de la pandemia generaron un aumento en los precios de los productos de canasta básica, principalmente de los alimentos. Lo que desde luego, devino en un profundo descontento popular.
Debido a esta situación, muchos ciudadanos levantaron su voz de protesta y algunos gremios, como el transportista, convocaron a un paro en la región central del país. Asimismo, se registraron manifestaciones en la capital Lima y en el Callao, algunas derivaron en saqueos y vandalismo.
Ante esta situación y con recelo de que estas protestas se extendieran, el presidente Pedro Castillo y su Consejo de Ministros aprobó una inamovilidad ciudadana vigente desde las 2 de la madrugada hasta las 11:59 de la noche del martes 5 de marzo. Según el argumento oficial, esta medida sería para resguardar los derechos fundamentales de las personas.
Sin embargo, esta decisión fue considerada exagerada por amplios sectores de la sociedad peruana. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo negociaciones que permitieron una tregua en la huelga de los transportistas. Finalmente, el mandatario anunció el fin anticipado del toque de queda, que terminó a las 6 de la tarde.
El presidente Castillo enfatizó, que los poderes del Estado están al servicio de los ciudadanos, y que es su responsabilidad solucionar los problemas socioeconómicos que se arrastran desde hace ya un buen tiempo. Lo que no se puede aceptar, dijo, es aprovecharse de las protestas, que son legítimas, para perjudicar a los demás, atacando sus propiedades. Esas actitudes, un gobierno consciente no las puede permitir, ponderó.
Redacción de: J.Bendezu, LJI Reporter
