La decisión del gobierno ecuatoriano de irrumpir en la embajada de México ha desencadenado una oleada de críticas y condenas a nivel global, con líderes y diplomáticos expresando su desaprobación y consternación por el incidente.
El embajador de México y otros funcionarios diplomáticos llegaron a la Ciudad de México el domingo por la tarde, después de salir de Quito en un vuelo comercial, tras la redada del viernes. La acción, considerada una violación de los acuerdos internacionales, ha provocado una respuesta contundente por parte de expertos en derecho internacional y líderes mundiales.
Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, agradeció a los diplomáticos que regresaron “por defender nuestra embajada en Quito incluso a riesgo de su propio bienestar físico”. La comparación con incidentes históricos, como el intento de entrada a la embajada de México en Chile durante la dictadura de Pinochet, resalta la gravedad del episodio.
El gobierno mexicano planea impugnar la redada en el Tribunal Internacional de La Haya, contando con el respaldo de numerosos países de América Latina y Europa, así como de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las críticas se han extendido más allá de América Latina. La Cancillería española condenó el ingreso por la fuerza a la embajada de México en Quito como una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, instando al respeto del derecho internacional y a la armonía entre ambos países.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también condenó la violación de la Convención de Viena y llamó a resolver las diferencias entre Ecuador y México de manera pacífica y respetuosa.
El caso ha suscitado preocupación por el respeto a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, un principio fundamental del derecho internacional. El ingreso forzado a la embajada de México plantea interrogantes sobre la seguridad y protección de los diplomáticos en todo el mundo.
En Ecuador, las reacciones han sido variadas. Si bien el presidente Daniel Noboa no ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente, la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, justificó la redada argumentando un “riesgo inminente de fuga” de Jorge Glas, quien había solicitado asilo en la embajada mexicana.
El caso está lejos de cerrarse, y la batalla legal que se avecina podría tener importantes repercusiones políticas y económicas. María Dolores Miño, directora del Observatorio independiente de Derecho y Justicia de Ecuador, advierte sobre el posible impacto económico de una eventual sentencia contra Ecuador en la Corte Mundial, señalando que las reparaciones económicas podrían afectar a los ciudadanos ecuatorianos.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
