Secuestros, torturas, violaciones y decenas de civiles, incluidos mujeres y niños, han sido asesinados por los rebeldes del M23 en el este del Congo, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además, los rebeldes del M23 han obligado a los niños a ser soldados, según confirmó este martes un panel de expertos de la ONU.
El conflicto ha estado latente en el Congo durante décadas, donde más de 120 grupos armados luchan en la región, la mayoría por la tierra y el control de minas con minerales valiosos, mientras que algunos grupos intentan proteger a sus comunidades.
La volátil situación se deterioró significativamente este año cuando el M23 resurgió después de haber estado inactivo durante casi una década.
El M23 saltó a la fama por primera vez hace diez años cuando sus combatientes tomaron Goma, la ciudad más grande del este del Congo, que se encuentra en la frontera con Ruanda.
El grupo deriva su nombre de un acuerdo de paz firmado el 23 de marzo de 2009, que pedía que los rebeldes se integraran en el ejército del Congo. El M23 acusa al gobierno de no implementar el acuerdo.
A fines de 2021, el M23 reactivado comenzó a matar civiles y a capturar franjas de territorio. Los combatientes del M23 violaron y acosaron a mujeres que intentaban cultivar campos familiares en áreas controladas por los rebeldes, de acuerdo al informe.
Las poblaciones que viven bajo el M23 no solo están sujetas a abusos, sino que también se ven obligadas a pagar impuestos, dijo el panel.
De hecho, en el cruce fronterizo de Bunagana con Uganda, los rebeldes ganaban una media de 27.000 dólares al mes haciendo que las personas que transportaban mercancías pagaran al entrar y salir del país, dijo la ONU.
Dos lugareños que viven bajo el M23 y que no quisieron ser identificados por temor a su seguridad, dijeron a The Associated Press que se vieron obligados a llevar bolsas de frijoles a los rebeldes, pagar si querían acceder a sus granjas y tomar carreteras secundarias si querían abandonar el pueblo por temor a represalias.
“La situación humanitaria y de seguridad en las provincias de Kivu del Norte e Ituri se deterioró significativamente, a pesar de la aplicación continua del estado de sitio durante los últimos 18 meses”, dice parte del informe.
