Jimmy Lippert Thyden González, un marino chileno-estadounidense que descubrió hace poco más de un año que fue robado al nacer, presentó el lunes una demanda contra el Estado chileno por el presunto delito de sustracción de menores, un fenómeno que se extendió “por décadas” e impactó a miles de familias en el país sudamericano.
A sus 42 años, Thyden González conoció sus verdaderos orígenes, que se remontan a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), periodo en el cual a miles de mujeres chilenas les robaron sus bebés recién nacidos para ser dados en adopciones ilegales. El Poder Judicial de Chile estima un aproximado de 20.000 casos de adopciones forzadas o ilegales, mientras que organizaciones civiles como Nos Buscamos calculan que son más de 50.000 las familias afectadas.
Hace 43 años, trabajadores de un hospital en la capital chilena tomaron al hijo de María Angélica González inmediatamente después de su nacimiento, informándole posteriormente que había muerto y que ya se habían encargado del cuerpo. En realidad, el bebé fue dado en adopción a una familia en Estados Unidos, un caso más en una trama de adopciones ilegales que proliferaron bajo el régimen militar de Pinochet.
El gobierno chileno afirmó haber tomado conocimiento de la querella pero declinó hacer comentarios adicionales. La investigación judicial en Chile comenzó en 2017 y actualmente hay más de 1.200 denuncias de robos de bebés y adopciones ilegales, la mayoría con destino a Estados Unidos y Suecia, según fuentes del Ministerio de Justicia. Hasta la fecha, nadie ha sido condenado.
El tráfico de niños en Chile coincidió con numerosas violaciones de derechos humanos durante los 17 años de la dictadura de Pinochet, quien encabezó un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 para derrocar al presidente socialista Salvador Allende. Durante su régimen, al menos 3.095 personas fueron asesinadas y decenas de miles más fueron torturadas o encarceladas por motivos políticos.
Antecedentes judiciales contra Chile por robo y venta de bebés
En 2017, el entonces magistrado Mario Carroza inició la investigación judicial sobre el robo y venta de bebés, aunque desde entonces no ha habido avances significativos. Sin embargo, tras la llegada del presidente izquierdista Gabriel Boric al poder en 2022, el caso ganó impulso en medio de los compromisos del mandatario de avanzar en esclarecer las circunstancias de estas adopciones.
El tema marcó el reciente encuentro de Boric con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, durante una gira del mandatario chileno por Europa. Ambos líderes firmaron un acuerdo de cooperación para “avanzar en compartir la información y además iniciar un trabajo conjunto para abordar el tema de adopciones irregulares”. Este pacto, firmado por los cancilleres de ambas naciones, admite por primera vez la intervención estatal en los delitos y reconoce que “se cometieron adopciones irregulares, que tuvieron graves consecuencias en las vidas y los derechos humanos de las víctimas y sus familias, en especial, en el derecho de identidad”.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
