El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que se acelerará la construcción de una nueva prisión de máxima seguridad en la región de la capital, Santiago, como parte de una estrategia para combatir el crimen organizado. La nueva instalación, que costará aproximadamente 95,4 millones de dólares (90 mil millones de pesos chilenos), tendrá capacidad para albergar a alrededor de 500 reclusos de alta peligrosidad. Esta medida forma parte de un plan más amplio que incluye la adición de otros 200 lugares de máxima seguridad en las prisiones del norte del país, una zona que ha experimentado un aumento en los niveles de crimen organizado.
“En Chile no vamos a permitir lo que ha sucedido en otros países donde el crimen organizado se ha hecho cargo de las cárceles sin control estatal”, declaró Boric en una conferencia de prensa tras una reunión con el gabinete de seguridad. “Eso no va a pasar en Chile”.
El presidente enfatizó la urgencia de esta iniciativa y anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para acelerar el proceso de construcción de la nueva prisión. El anuncio se produjo en un contexto de preocupación por la seguridad, después de que dos tiroteos masivos en Santiago la semana pasada dejaran un saldo de nueve personas muertas, incluidas cuatro adolescentes. Boric confirmó que los sospechosos de ambos incidentes han sido detenidos.
La lucha contra el crimen ha sido una prioridad en la agenda de Boric desde que asumió el cargo. El año pasado, anunció un incremento en el gasto de 1.500 millones de dólares para combatir la delincuencia, tras el asesinato de tres agentes de policía. El aumento en el gasto privado en seguridad refleja la preocupación de los votantes, que consideran la seguridad como un tema principal.
Una nueva visión penitenciaria
Carolina Tohá, ministra del Interior de Chile, aclaró que el país no tiene intención de seguir la estrategia de “mega prisión” adoptada por El Salvador. En cambio, Chile busca alcanzar estándares penitenciarios europeos.
El presidente Boric también informó sobre la creación de una fuerza especial de Gendarmería capacitada para enfrentar estas amenazas, con apoyo gubernamental y basándose en la mejor experiencia internacional. “La batalla contra el crimen organizado y la delincuencia es una tarea que nos corresponde a todos, pero principalmente a quienes dirigimos los destinos de nuestra patria por mandato soberano de ustedes”, subrayó Boric, haciendo un llamado al Parlamento para colaborar en este asunto.
Horas antes, Boric reconoció que no descartaba el uso de cualquier “herramienta constitucional” para enfrentar la escalada de violencia en la región Metropolitana. Algunos diputados incluso han propuesto imponer el estado de sitio en la zona.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
