La minería ilegal de oro en la Amazonia brasileña, alimentada por precios récord y respaldada por el crimen organizado, ha encontrado un punto crítico en el territorio indígena Munduruku, donde la pobreza y la falta de alternativas económicas han llevado a algunos miembros de la tribu a involucrarse en esta práctica prohibida.
El territorio Munduruku, en el municipio de Jacareacanga, alberga una de las mayores reservas indígenas de Brasil y es ahora un foco de actividades mineras ilegales. Según líderes tribales, aproximadamente el 40% del oro extraído en esta región está en manos de indígenas, lo que ha generado divisiones internas y tensión social.
Jacareacanga, una ciudad de 26.000 habitantes, muestra las contradicciones de la economía ilegal. Mientras que el PIB per cápita supera al de São Paulo debido a la minería, la pobreza sigue siendo evidente y los impuestos recaudados son mínimos. En sus calles sin pavimentar, grandes camionetas 4×4 y tiendas de compra de oro reflejan la riqueza generada por esta práctica ilícita.
La minería ha provocado una profunda fractura entre los Munduruku. Muchos rechazan esta actividad, argumentando que destruye el medio ambiente y las bases culturales de la tribu. Sin embargo, otros, enfrentados a la falta de apoyo gubernamental, ven en el oro una forma de sobrevivir.
Corrupción y desafíos de regulación
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha prometido combatir la minería ilegal, que creció durante la administración de Jair Bolsonaro. Sin embargo, los esfuerzos enfrentan obstáculos significativos. Información oficial ha demostrado que agentes locales de la policía han aceptado sobornos de empresas mineras para ignorar actividades ilegales.
A pesar de los esfuerzos de entidades gubernamentales y locales, la minería ilegal sigue siendo un desafío monumental. La combinación de intereses económicos, corrupción y falta de alternativas sostenibles dificulta la erradicación de esta actividad, que no solo afecta a los territorios indígenas sino también al equilibrio ambiental de la Amazonia.
“La legalización no es la solución”, afirmó Nilton Tubino, coordinador gubernamental para la expulsión de la minería de los territorios indígenas. Sin embargo, para muchos en Jacareacanga, la minería sigue siendo la principal fuente de sustento, y su prohibición parece tan irreal como inminente. La lucha entre desarrollo económico, preservación ambiental y justicia social continúa definiendo el futuro de esta región crítica para el planeta.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
