En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el canciller argentino Gerardo Werhein denunció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) las acciones de hostigamiento del gobierno de Nicolás Maduro hacia seis opositores políticos refugiados desde hace meses en la embajada de Argentina en Caracas.
Werhein acusó al gobierno venezolano de bloquear los salvoconductos necesarios para permitir la salida segura de los asilados y de emplear tácticas intimidatorias como cortes de agua y electricidad, restricciones en el suministro de alimentos y la presencia constante de fuerzas de seguridad alrededor de la sede diplomática.
Los opositores Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Omar González y Fernando Martínez Mottola ingresaron a la embajada argentina el 27 de marzo tras ser acusados por la fiscalía venezolana de instigar actos violentos contra el gobierno. Desde entonces, el asedio y las tensiones han escalado, agravadas por la expulsión del personal diplomático argentino el 29 de julio.
Argentina fue respaldada por 14 países, incluidos Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú, que firmaron una declaración conjunta exigiendo al gobierno venezolano la concesión inmediata de los salvoconductos.
Tensiones regionales
Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, calificó las denuncias de hostigamiento como una “farsa” y presentó un video en su programa televisivo “Con el Mazo Dando” mostrando supuestas imágenes de entrega de agua potable a la embajada argentina. Sin embargo, estas afirmaciones fueron rechazadas por el gobierno argentino.
El canciller brasileño Mauro Vieira también expresó preocupación por la situación y recordó a Venezuela su obligación de respetar las normativas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Brasil había asumido la custodia de la embajada argentina tras la expulsión del personal diplomático en julio, pero en septiembre Venezuela revocó esta autorización, acusando a Brasil de usar la sede para actividades ilegales, lo que fue desmentido categóricamente por ambos gobiernos.
Así mismo, el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, condenó enérgicamente el acoso y advirtió que la seguridad de los refugiados y la misión diplomática está en riesgo. “Esto constituye una violación flagrante de las normativas internacionales”, señaló.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
