Alberta votará el 19 de octubre si les cobra a los inmigrantes temporales por usar el hospital y la escuela

La boleta del referéndum de Alberta no incluye solo la pregunta sobre la separación. Trae también cuatro preguntas sobre inmigración, y dos de ellas apuntan directamente al bolsillo de quien vive en la provincia con un permiso temporal. Ninguna es vinculante. Eso no las vuelve menores.
¿Qué dicen exactamente las cuatro preguntas?
La primera pregunta es si el gobierno provincial debe tomar «mayor control» sobre la inmigración para reducirla a niveles más sostenibles, priorizar la migración económica y dar prioridad a los albertanos en los nuevos empleos. La segunda propone una ley para que solo ciudadanos canadienses, residentes permanentes y personas con un estatus migratorio aprobado por Alberta puedan acceder a programas financiados por la provincia, como salud, educación y otros servicios sociales.
La tercera plantea que quien tenga un estatus migratorio no permanente deba vivir durante 12 meses en Alberta antes de calificar para cualquier programa provincial de apoyo social. Y la número cuatro, la más concreta de todas, pregunta si la provincia debe cobrarles «una tarifa o prima razonable» a esas personas y a sus familias por el uso del sistema de salud y del sistema educativo.
El texto de las preguntas quedó fijado en dos decretos provinciales, los Orders in Council 109/2026 y 110/2026, del 31 de marzo de este año.
Si gana el sí, ¿qué cambia al día siguiente?
Nada, en términos legales. Las cuatro preguntas de inmigración son consultas no vinculantes: un sí no modifica por sí solo ninguna regla. Para que algo cambie, el gobierno de Alberta tendría que redactar una ley, presentarla en la legislatura y aprobarla.
Mientras eso no ocurra, las reglas de elegibilidad del seguro de salud provincial, el AHCIP, siguen exactamente como están hoy. Los permisos de trabajo y de estudio tampoco se tocan porque son federales y una provincia no puede modificarlos.
A quién le tocaría, si algún día se convierte en ley
A un perfil muy amplio. Estudiantes internacionales, trabajadores con permiso cerrado o abierto, cónyuges con permiso de acompañante, solicitantes de asilo con permiso de trabajo. Es decir, buena parte de la comunidad latina que hoy está en Calgary, Edmonton y Fort McMurray construyendo su camino hacia la residencia.
El debate también está abierto en los argumentos. Organizaciones que asesoran a recién llegados sostienen que los residentes temporales no representan una carga para los recursos públicos de la provincia; el gobierno de Alberta defiende sus decisiones con el argumento contrario: la sostenibilidad de los servicios.
Lo que conviene hacer mientras tanto
Tomar decisiones con las reglas de hoy, no con las de un escenario que todavía no existe. Quien esté evaluando mudarse a Alberta, renovar un permiso o inscribir a un hijo en la escuela puede hacerlo conforme a la normativa vigente. Y si el 19 de octubre gana el sí en alguna de estas cuatro preguntas, ahí sí habrá que seguir de cerca lo que entre a la legislatura, porque ese es el punto en el que una consulta se vuelve una factura.
Redacción de Mauricio Navas Talero LJI Reporter




