Un proyecto de ley quitaría el derecho a apelar permisos ambientales
El proyecto de ley 140 del gobierno de Ontario, que se presenta como una medida para acelerar las obras y recortar trámites, modifica, en uno de sus anexos, la Carta de Derechos Ambientales que rige desde 1993. Abogados ambientalistas advierten que lo que se elimina ahí es el único mecanismo legal que hoy tiene un vecindario para oponerse a una planta, a un vertedero o a una descarga de contaminantes.
Qué dice el proyecto y quién lo presentó
La Ley para Construir Ontario más Rápido la presentó el 27 de octubre la ministra de Reducción de Trámites, Andrea Khanjin.
El gobierno sostiene que acelera las aprobaciones de infraestructura y recorta la burocracia sin tocar las protecciones ambientales y de seguridad. La discusión se encuentra en el anexo 8, que modifica la Carta de Derechos Ambientales.
El texto del proyecto es explícito sobre qué deroga. El anexo 8 modifica el objeto de la ley en su artículo 2 y elimina los artículos 7 a 11, que contienen las declaraciones de valores ambientales de cada ministerio. Elimina también los artículos 38 a 48, que son los que permiten pedir permiso para apelar un permiso ambiental, y deroga completamente las Partes IV, V y VI.
Esas tres partes son las que otorgan derechos directos al ciudadano. La Parte IV permite que dos residentes de Ontario soliciten la revisión de una política, una ley, un reglamento o un permiso vigentes. La Parte V permite que dos residentes soliciten una investigación por una presunta infracción. Y la Parte VI es el derecho a demandar por daño significativo a un recurso público, es decir, al aire, al agua o a ciertas tierras públicas, además de los casos de molestia pública con daño ambiental.
Ese tercer punto es el que menos se ha mencionado y es el más grande: el proyecto no solo recorta las vías administrativas, sino que también elimina la vía judicial que la ley le abría al residente desde 1993.
Para qué se ha usado ese derecho
El dato que le da peso al asunto proviene de quienes han ejercido ese derecho.
Richard Lindgren, abogado de planta de la Asociación Canadiense de Derecho Ambiental, dice que si el proyecto pasa la carta quedaría sin derechos legales que la gente pueda usar de verdad. Y precisa para qué ha servido: su organización ha utilizado el derecho de apelación durante unos treinta años en casos de vertederos, extracción de agua y descargas de contaminantes, y el tribunal, en ocasiones, ha revocado aprobaciones.
Phil Pothen, abogado y responsable del programa de Ontario en Environmental Defence, lo resume en una distinción: hay una diferencia entre el papeleo y la protección real. Su organización añade que la provincia podría cambiar o eliminar reglamentos sin consulta pública obligatoria, y que dejaría de ser obligatorio publicar los avisos con antelación en el registro ambiental.
Por qué esto cae justo donde vive nuestra comunidad
Este proyecto no llega solo; eso es lo que nos toca de frente.
El 26 de octubre publicamos la nota sobre el racismo ambiental en Ontario. El 28, el ministro de Medio Ambiente, Todd McCarthy, dijo que los vertederos de la provincia se llenarían en diez años y que, con el arancel estadounidense del 50% a la basura canadiense, podrían llenarse en cinco años. Añadió que la provincia debe adoptar la energía a partir de residuos. Los dos incineradores que puso como casos de éxito están en Brampton y Clarington.
El mismo proyecto de ley 140 derogaría, además, el artículo de la Ley de Evaluación Ambiental que exige el apoyo municipal para abrir un vertedero, y el ministro dejó abierta la opción de imponer uno si ningún municipio se ofrece.
Puesto en orden, el cuadro es este. Se facilita abrir vertederos e incineradores sin que el municipio tenga que decir que sí, y al mismo tiempo se recortan las dos vías que le quedaban al vecino: apelar esa aprobación y demandar por el daño. Brampton es una de las ciudades con mayor proporción de población inmigrante del país, y buena parte de nuestra audiencia vive en municipios similares en el borde del área metropolitana.
En qué punto está y qué se puede hacer todavía
El proyecto ya pasó la segunda lectura y la Asamblea ordenó remitirlo a un comité permanente, así que el trámite sigue abierto, pero avanzado.
Mientras tanto, los derechos que describe esta nota siguen vigentes. Quien hoy tenga un problema concreto con una aprobación ambiental cerca de su casa todavía puede pedir una revisión al ministerio o solicitar una investigación, que son justamente las Partes IV y V que el proyecto eliminaría.
Sobre el proyecto en sí, hay una vuelta que vale la pena conocer. El aviso que el gobierno publicó el 28 de octubre en el registro ambiental indica que es solo informativo y que no existe obligación de consultar esta iniciativa ahí. La razón que da es que el Ministerio de Reducción de Trámites no está previsto en la Carta de Derechos Ambientales. O sea que el proyecto que recorta la carta no está sujeto a la consulta que esta exige. Las vías de comentario abiertas son las de los avisos que publicaron por separado los otros ministerios con competencia ambiental, cada uno con su propio plazo, y el correo del ministerio que aparece en ese aviso.
Las dos organizaciones citadas solicitan que se retire el anexo. Pothen sugirió una alternativa: si lo que se busca es recortar papeleo, se pueden eliminar las publicaciones del registro regulatorio y conservar las del registro ambiental, así como el derecho de apelación. Esa es exactamente la discusión que definirá qué queda en pie cuando el proyecto salga del comité.
Redacción de Mauricio Navas Talero LJI Reporter
