Una Corte Suprema dividida permitió a la administración Trump reanudar las deportaciones rápidas de migrantes a terceros países, sin necesidad de otorgarles previamente la posibilidad de impugnar dichas expulsiones ante un tribunal. La decisión revoca temporalmente una orden judicial previa que exigía garantizar este derecho procesal a los afectados.
La orden fue emitida de forma breve y sin explicación detallada por la mayoría conservadora del tribunal, siguiendo el formato habitual para expedientes de emergencia. No obstante, la jueza Sonia Sotomayor, respaldada por las magistradas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, presentó un voto disidente de 19 páginas en el que calificó la decisión como peligrosa y contraria al debido proceso, afirmando que expone a “miles de personas al riesgo de tortura o muerte”.
Migrantes enviados a Sudán del Sur con mínima notificación
El caso que originó la disputa legal implicó a ocho migrantes condenados por delitos graves en Estados Unidos y originarios de países como Myanmar, Vietnam y Cuba. Las autoridades migratorias intentaron deportarlos a Sudán del Sur, pero un juez federal intervino y los desvió a una base naval en Yibuti. En ese lugar, los migrantes permanecieron detenidos bajo condiciones difíciles, alojados en un contenedor acondicionado.
El juez federal Brian E. Murphy, designado por el presidente Joe Biden, había determinado en abril que los migrantes deben tener oportunidad de alegar riesgo de daño si son enviados a un tercer país, incluso si ya agotaron sus apelaciones. También había fallado que las deportaciones a Sudán del Sur violaban esa orden y exigió que los migrantes pudieran acceder a asistencia legal.
La vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, celebró la resolución y señaló que se acelerarán las deportaciones. “Es una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”, declaró. Por su parte, la Casa Blanca defendió la medida indicando que reafirma la autoridad presidencial para “expulsar a extranjeros ilegales delincuentes” y restaurar la seguridad interna.
La administración Trump ha promovido acuerdos con países como Panamá y Costa Rica para recibir migrantes, ante la negativa de varios países de origen a aceptar de vuelta a sus ciudadanos deportados. Según reveló la jueza Sotomayor, a los migrantes enviados a Sudán del Sur en mayo solo se les notificó con 16 horas de antelación.
Este caso se suma a otras controversias migratorias impulsadas por el gobierno de Trump, incluyendo intentos previos de enviar migrantes venezolanos a El Salvador o de suspender protecciones legales temporales para cerca de un millón de personas. La mayoría conservadora del Tribunal ha respaldado varias de estas acciones en fallos recientes, lo que refuerza la agenda migratoria restrictiva del presidente republicano.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
