Medios de comunicación reportan este martes, que los costos del gobierno de Ontario, para defenderse en los tribunales después de haber perdido dos casos judiciales por el Proyecto de Ley 124, alcanza los 4,3 millones de dólares, que salen del bolsillo de los contribuyentes.
El año 2019, el gobierno liderado por el conservador Doug Ford, aprobó el Proyecto de Ley 124, que limitaba los aumentos salariales de los funcionarios de la provincia al uno por ciento anual durante tres años. Esa ley fue considerada inconstitucional por la Corte.
Dicha ley perjudicó los ingresos de más de 800 mil trabajadores del sector público, entre ellos decenas de docentes y enfermeras, quienes tras infructuosas protestas frente a la Asamblea Legislativa, llevaron los casos a los tribunales, donde resultaron victoriosos.
Tanto la categoría de los servidores de la salud, como la de la educación reclamaron que la ley 124, afectó sensiblemente sus trabajos durante la pandemia, permitiendo que los hospitales estuvieran saturados debido a la falta de funcionarios. Asimismo, el sector de la educación sufrió con la escasez de docentes, como consecuencia de la derogada ley.
El papel de los sindicatos
Los representantes de los trabajadores no aceptaron los argumentos del gobierno, de que la ley era importante para ayudar a eliminar el déficit presupuestario y llevaron al gobierno provincial a los tribunales. En 2022, el Tribunal Superior de Ontario derogó la ley.
Las autoridades del gobierno de Ontario, apelaron el fallo, argumentando que dicha ley no infringía derechos constitucionales y que la Carta Canadiense de Derechos y Libertades solamente protege el proceso de negociación y no el resultado. Fue en vano, perdieron.
Los costos para los contribuyentes
Tras su derrota, el gobierno de Ontario llegó a un acuerdo con los diez sindicatos querellantes y aceptó pagar 3,45 millones de dólares en costos legales. Asimismo, tuvo que pagar 856,482 dólares de los contribuyentes, por servicios legales vinculados a la apelación.
A pesar de la derrota en los tribunales y los gastos generados, el responsable por la presentación de la ley, el actual ministro de Finanzas, Peter Bethlenfalvy, en la época presidente de la Junta del Tesoro, defendió su proyecto afirmando que era una buena idea. La prueba fue la reelección con una mayoría mayor en 2022, lo que muestra la confianza de los habitantes de Ontario en su gestión económica y fiscal, argumentó el ministro.
Redacción de: J.Bendezu, LJI Reporte
