Hay una mujer en un piquete de Peterborough que lleva veinticinco años cuidando adultos con discapacidad intelectual en un hogar grupal. Cobra menos de veintidós dólares la hora. Hace tres años, un tribunal declaró inconstitucional la ley que le congeló el salario. El gobierno perdió la apelación. Y ella sigue esperando el dinero que le deben.
Esa historia, con variaciones de ciudad y de nombre, se repite en cada uno de los veinticuatro piquetes que mantienen activos los casi cuatro mil trabajadores comunitarios y sociales de Ontario desde el veinticinco de mayo. La huelga ya superó el mes y no hay señales de acuerdo.
¿Qué reclaman exactamente?
Dos cosas. La primera es el pago retroactivo de los salarios que fueron artificialmente contenidos por la Ley 124, la norma que el gobierno de Doug Ford aprobó en 2019 para limitar los aumentos salariales del sector público al uno por ciento anual. La Corte Superior de Ontario declaró esa ley inconstitucional en 2022 y la Corte de Apelaciones confirmó el fallo en 2024. Desde entonces, la mayoría de los empleados del sector público provincial recibieron su compensación. Pero no los del sector comunitario.
La segunda demanda es un aumento en el financiamiento provincial a las agencias que los emplean. La Oficina de Responsabilidad Financiera de Ontario ha documentado un déficit de mil quinientos millones de dólares en el presupuesto del Ministerio de Servicios Comunitarios y Sociales. Ese hueco se traduce en salarios bajos, rotación constante de personal y listas de espera que no se mueven.
¿A quién afecta el paro?
Hogares grupales para adultos con discapacidades del desarrollo cerraron sus puertas. Centros de terapia para niños con autismo suspendieron sesiones. Programas de intervención temprana quedaron en pausa. Más de setenta mil niños con autismo y más de cincuenta y dos mil personas con discapacidades están en lista de espera por servicios que, incluso antes de la huelga, ya eran insuficientes.
El ochenta y siete por ciento de los trabajadores afectados son mujeres. Muchas son inmigrantes que encontraron en el sector comunitario uno de los pocos empleos disponibles al llegar a Canadá, precisamente porque los salarios eran tan bajos que nadie más los quería.
¿Qué tiene que ver con la comunidad latina?
En Toronto, Brampton y Hamilton, una proporción significativa de los trabajadores de apoyo comunitario son latinas que llegaron con permisos de trabajo o como refugiadas y se insertaron en un sector que siempre necesita manos. Son las que cuidan a los hijos de otros mientras los suyos esperan cupo en guarderías. Las que acompañan a personas con discapacidad a citas médicas por menos de lo que cobra un cajero de supermercado.
La huelga les está costando semanas de salario que no van a recuperar. Pero el cálculo que hacen es que volver al trabajo sin un acuerdo significaría aceptar que su labor vale menos que la de cualquier otro empleado público de la provincia. Y después de cinco semanas en la calle, esa es una cuenta que no están dispuestas a pagar.
Redacción de: Mauricio Navas Talero LJI Reporter
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