El lunes, una multitud de partidarios del presidente venezolano Nicolás Maduro se manifestaron en un escenario gigante cubierto con los colores rojo, amarillo y azul de la bandera de Venezuela frente a la sede del consejo electoral donde se espera que haga oficial su candidatura para un tercer mandato. Mientras tanto, sus posibles rivales intentaron registrar a su candidato, un recién llegado desconocido de 80 años, antes de la medianoche límite, pero descubrieron que no podían hacerlo, en lo que la oposición denunció como el último ataque a la democracia de Venezuela.
Las encuestas muestran que los venezolanos derrotarían al impopular Maduro por abrumadora mayoría si tuvieran la más mínima oportunidad. Pero el autoproclamado líder socialista hasta ahora ha logrado bloquear la candidatura de sus principales oponentes mientras alternativamente negocia y luego incumple las garantías electorales mínimas prometidas al gobierno de Estados Unidos a cambio del alivio de las sanciones petroleras.
En un intento creativo de forzar la mano autoritaria de Maduro, dos partidos de oposición más pequeños previamente autorizados a participar en las elecciones de julio, estrechamente gestionadas, nominaron la semana pasada a la ex académica Corina Yoris.
¿Qué pasa con la oposición?
Los partidarios de Maduro no han sido tan amables con Corina. Durante el fin de semana, varios miembros del gobernante Partido Socialista recurrieron a las redes sociales para afirmar que Yoris era ciudadana de Uruguay, lo que la hacía inelegible para postularse debido a un requisito de la constitución de Venezuela de que el presidente sea un ciudadano nato sin doble nacionalidad.
El lunes, Yoris descartó tales comentarios como una estratagema desesperada para descalificar su candidatura. “Yo nací en Caracas, mis padres nacieron en Venezuela y nunca he optado por otra nacionalidad”, afirmó.
Las elecciones de Venezuela se llevan a cabo en el contexto de una creciente represión contra la disidencia destinada a garantizar que Maduro permanezca en el poder. Además de bloquear la candidatura de Machado, la semana pasada emitió órdenes de arresto contra varios de sus colaboradores. A principios de este año también encarceló a un destacado abogado de derechos humanos y luego cerró la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas por criticar el arresto, dando a su personal internacional 72 horas para abandonar el país.
Pero en lugar de boicotear la votación, como lo hizo cuando Maduro fue reelegido para un segundo mandato de seis años en 2018, la oposición busca descubrir el engaño de Maduro y obligarlo a robarle el voto.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
