Cuando la Corte Suprema de Canadá autorizó en 2023 la continuidad del Acuerdo de Tercer País Seguro con Estados Unidos, lo hizo bajo una condición clara: debían existir mecanismos —conocidos como “válvulas de seguridad”— para proteger a quienes enfrentaran riesgos graves si eran devueltos. Una nueva demanda ante la Corte Federal asegura que, en la práctica, esas protecciones existen sobre todo en el papel.
El Canadian Council for Refugees y Amnistía Internacional Canadá presentaron el desafío legal, y en el centro del caso hay una familia hondureña que llegó a Canadá pidiendo protección y terminó deportada a Honduras semanas después.
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¿Qué pasó con esta familia?
Según la demanda, oficiales fronterizos obligaron a la familia hondureña a elegir entre separarse o regresar juntos a Estados Unidos, donde fueron detenidos. Poco después, fueron deportados de vuelta a Honduras sin haber tenido acceso a un abogado ni a una evaluación real de su solicitud de refugio.
El Acuerdo de Tercer País Seguro establece que Canadá puede devolver a Estados Unidos a quienes intenten cruzar la frontera terrestre pidiendo asilo, bajo el argumento de que Estados Unidos es un país “seguro” para procesar esas solicitudes. Pero organizaciones de derechos humanos llevan años documentando casos de personas detenidas o deportadas a países donde su vida corría riesgo tras ser devueltas bajo ese acuerdo.
¿Qué son las “válvulas de seguridad”?
La Corte Suprema determinó en 2023 que el acuerdo solo podía operar de forma constitucional si las personas que enfrentaban riesgos —como una detención injusta o una deportación hacia la persecución— tenían acceso real a salvaguardas que permitieran a Canadá exceptuarlas de ser devueltas.
La demanda actual sostiene que esas salvaguardas rara vez se aplican en la práctica, y que el caso de la familia hondureña es prueba directa de ello: no hubo abogado, no hubo evaluación, solo una devolución rápida que terminó en deportación a su país de origen.
¿Qué significa esto para quien busca asilo en Canadá hoy?
Para cualquier persona latinoamericana que considere cruzar hacia Canadá pidiendo refugio en un punto fronterizo terrestre con Estados Unidos, este caso es una advertencia concreta: el sistema que en teoría debería protegerla de una devolución peligrosa puede fallar, y las consecuencias son irreversibles una vez ocurre la deportación.
La demanda no cuestiona la existencia del acuerdo en sí, sino la forma en que Canadá lo está aplicando. Mientras el proceso judicial avanza, organizaciones como Amnistía Internacional insisten en que cualquier persona en la frontera tiene derecho a que se evalúe su caso antes de ser devuelta, y que ese derecho no debería depender de la suerte de encontrarse con el oficial correcto en el momento correcto.
Redacción de: Mauricio Navas Talero LJI Reporter
