El plan del gobierno británico para deportar a los solicitantes de asilo de varias nacionalidades a Ruanda seguirá adelante después de que un tribunal de apelaciones se negara el lunes a bloquear la política que, según el principal funcionario de refugiados de la ONU, sienta un precedente peligroso para los migrantes que huyen de la guerra y opresión.
Inmediatamente después de la decisión de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Londres, la oficina del primer ministro Boris Johnson expresó que el primer vuelo de deportación se llevaría a cabo según lo programado el martes.
Los grupos de defensa de los inmigrantes que consideran la medida política como inhumana e ilegal, se han manifestado en contra desde abril cuando Johnson anunció el plan como una forma de disuadir a las personas de arriesgar sus vidas pagando a los contrabandistas para que los lleven a Gran Bretaña en botes inflables con fugas.
Filippo Grandi, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, arremetió contra la política y la describió como “totalmente incorrecta”.
Si el gobierno británico está realmente interesado en proteger vidas, debería trabajar con otros países para atacar a los traficantes de personas y proporcionar rutas seguras para los solicitantes de asilo, no simplemente desviar a los inmigrantes a otros países, dijo Grandi después del fallo.
“El precedente que esto crea es catastrófico para un concepto que necesita ser compartido, como el asilo”, indicó a los periodistas en Ginebra.
El fallo del lunes se centró en la estrecha cuestión de si se debe emitir una orden judicial temporal que bloquee los vuelos de deportación a Ruanda mientras un caso que desafía la legalidad de la política avanza en los tribunales.
Una coalición de defensores de los derechos de los inmigrantes y sindicatos de empleados públicos había pedido a la Corte de Apelaciones que revocara un fallo de un tribunal inferior, argumentando que el juez había cometido un error cuando decidió el viernes no emitir una orden judicial.