La cámara alta del Parlamento ruso, el Consejo de la Federación, aprobó este miércoles un conjunto de proyectos de ley que refuerzan las restricciones contra las minorías sexuales, promueven valores tradicionales y endurecen las medidas contra individuos y grupos considerados contrarios a los intereses del Estado.
Uno de los proyectos de ley más destacados prohíbe la adopción de niños rusos por parte de ciudadanos de países donde es legal la transición de género. Esta medida afecta a al menos 15 naciones, incluyendo varios países europeos, así como a Argentina, Canadá y Australia.
Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal y autor principal de la iniciativa, justificó la medida afirmando que busca proteger a los niños rusos de “posibles peligros” relacionados con la reasignación de género en esos países.
Estados Unidos ya estaba excluido de estas adopciones desde 2012, cuando Rusia prohibió que los ciudadanos estadounidenses adoptaran niños rusos en respuesta a las sanciones impuestas por Washington tras el caso Magnitsky.
Promoción de valores tradicionales
El paquete legislativo también incluye una prohibición a la difusión de material que fomente la idea de no tener hijos, con multas de hasta cinco millones de rublos (unos 50.000 dólares). Según los autores de la ley, los argumentos contra la procreación son parte de un supuesto plan occidental para debilitar a Rusia al fomentar el declive de su población.
En línea con esta narrativa, el presidente Vladimir Putin ha insistido repetidamente en la importancia de las familias numerosas y el fortalecimiento de los “valores tradicionales” frente a las ideologías liberales que asocia con Occidente.
En los últimos años, Rusia ha intensificado las restricciones legales contra las minorías sexuales. En 2022, Putin firmó una ley que prohíbe la distribución de información LGBTQ2S+ a personas de todas las edades, ampliando una medida de 2013 que se aplicaba únicamente a menores.
Además, el año pasado, el gobierno prohibió los procedimientos médicos de transición de género y el Tribunal Supremo declaró al movimiento LGBTQ2S+ como “extremista”, colocándolo en la misma categoría que organizaciones terroristas.
Nuevas medidas contra la disidencia
En paralelo a estas reformas, la Duma Estatal dio su aprobación preliminar a un proyecto de ley que limitaría severamente las finanzas de los denominados “agentes extranjeros”, una etiqueta utilizada por el Kremlin para designar a periodistas, activistas y organizaciones críticas con el gobierno.
De ser aprobado, los ingresos generados en Rusia por estos individuos serían congelados en cuentas especiales, y solo podrían acceder a sus fondos si se les revoca su designación como “agentes extranjeros”. Volodin defendió la medida argumentando que evitará “el enriquecimiento de los traidores a la patria”.
Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, el Kremlin ha intensificado su control sobre la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. Cientos de organizaciones y personas han sido designadas como “agentes extranjeros”, enfrentándose a un mayor escrutinio gubernamental y fuertes connotaciones negativas.
En paralelo, Putin ha utilizado una retórica cada vez más agresiva contra Occidente, calificándolo de “satánico” y acusándolo de exportar ideologías liberales que, según él, buscan socavar los valores tradicionales y la soberanía de Rusia.
Con la aprobación final de estos proyectos de ley, que ahora esperan la firma de Putin para entrar en vigor, Rusia profundiza su aislamiento en un contexto de tensiones internacionales y refuerza las políticas que consolidan su identidad ideológica en oposición al liberalismo occidental.
Redacción de: Karen Rodríguez A.