La preocupación entre las activistas que abogan por la despenalización del aborto en República Dominicana es palpable. A finales de junio, el Senado dio una primera aprobación a un proyecto de Código Penal que mantiene la prohibición total de la interrupción del embarazo, lo que llevó a decenas de personas a salir a las calles el miércoles para exigir la protección de los derechos de mujeres, niños y la comunidad LGBTQ. Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que los posibles cambios al documento vulnerarían estos derechos.
“Nosotras seguimos en pie de lucha”, afirmó la reconocida activista dominicana Sergia Galván antes de la protesta. Galván y otras feministas llevan décadas pidiendo que el aborto se despenalice en tres casos específicos: cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando el embarazo es resultado de violación o incesto, y cuando existen malformaciones fetales incompatibles con la vida.
Actualmente, República Dominicana es uno de los cuatro países latinoamericanos que criminalizan el aborto sin excepciones. El Código Penal vigente estipula que cualquier persona que aborte puede enfrentar hasta dos años de prisión, mientras que los profesionales de la salud, como médicos y enfermeras, pueden recibir penas de cinco a 20 años de cárcel.
¿Qué dicen las autoridades?
El presidente dominicano, Luis Abinader, ha expresado su apoyo a la despenalización del aborto en sus campañas presidenciales, pero desde su reelección en mayo pasado, no ha vuelto a manifestar su respaldo.
Activistas locales e internacionales han señalado que la prohibición absoluta del aborto tiene múltiples consecuencias. Un 30% de las adolescentes no tiene acceso a métodos anticonceptivos, no existe educación sexual integral laica, siete de cada 10 mujeres sufren violencia de género —incluyendo incesto, matrimonio infantil y explotación sexual— y los niveles de pobreza aumentan el riesgo de embarazos no deseados.
Además de la despenalización del aborto, organismos como Human Rights Watch han alertado que el proyecto de Código Penal reduce las penas por violencia sexual dentro del matrimonio y excluye la orientación sexual de la lista de características protegidas contra la discriminación, lo que incrementaría la vulnerabilidad de la comunidad LGBTQ.
Redacción de: Karen Rodríguez A.