El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, renunció el martes tras una polémica en su contra por la difusión de un audio en el que presuntamente se le escucha favorecer y ofrecer trabajo a una mujer, en un caso señalado por un grupo de legisladores como abuso de poder para obtener beneficios de carácter íntimo.
Tres legisladores de distintas bancadas han presentado denuncias constitucionales por corrupción contra el Primer Ministro. Este martes, ante una subcomisión del Congreso, se formalizó este paso que podría marcar un hito en la trayectoria política del líder gubernamental.
En una conferencia de prensa, Otárola mencionó que “Hoy en la conversación con la presidenta le he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como presidente del Consejo de Ministros… para darle tranquilidad a la presidenta y pueda recomponer su gabinete como ella lo estime conveniente y pueda trabajar por los menos favorecidos”.
Este procedimiento constituye el primer paso para que el Primer Ministro pueda ser llevado a juicio por la justicia ordinaria. En caso de ser hallado culpable, enfrentaría una inhabilitación de hasta diez años para ejercer cualquier función pública.
La polémica se ha intensificado con la revelación de un audio protagonizado por Yaziré Pinedo, quien afirmó en una entrevista con la televisora N que mantuvo una relación sentimental con el Primer Ministro en enero de 2021, cuando este aún no ocupaba ningún cargo público. Pinedo, 32 años menor que el político en cuestión, sostuvo que la difusión de este material tiene como objetivo la destitución del Primer Ministro.
Otros casos que vinculan al Primer Ministro
Este no es el primer problema legal al que se enfrenta el Primer Ministro. En noviembre del año pasado, la fiscalía lo denunció ante el Parlamento junto a la mandataria por homicidio calificado y lesiones graves en relación con los fallecidos durante las protestas sociales que exigían la renuncia de Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Un total de 49 peruanos perdieron la vida en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo.
Este nuevo episodio ha generado un clima de incertidumbre política en el país, mientras la ciudadanía observa de cerca el desenlace de estas acusaciones que podrían cambiar el curso del panorama gubernamental.
Redacción de: Karen Rodríguez A.
