En Vancouver hay miles de condominios nuevos que nadie compró. Edificios terminados, con sus lobbies brillantes y sus amenidades lista para usar, pero sin gente adentro. Los desarrolladores los construyeron apostando a un mercado que ya no existe como antes, y ahora tienen un problema: unidades vacías que representan pérdidas millonarias. La pregunta es quién paga por ese error de cálculo. Y la respuesta que dieron Ottawa y Victoria la semana pasada encendió uno de los debates políticos más intensos del mes.
El primer ministro Mark Carney y el premier de Columbia Británica, David Eby, anunciaron un paquete conjunto que incluye la compra de más de dos mil condominios vacíos en zonas prioritarias para convertirlos en vivienda accesible. El plan forma parte de una alianza más amplia que moviliza miles de millones de dólares y busca también reducir los cargos de desarrollo que encarecen la construcción de vivienda nueva.
Contenido
¿Rescate o solución?
Pierre Poilievre, líder de la oposición conservadora, no tardó en atacar. Desde Vancouver mismo, donde ofreció una conferencia de prensa el domingo, calificó la medida como un “rescate” para desarrolladores que se negaron a bajar sus precios cuando el mercado se enfrió. “Carney parece tener un rescate para cualquiera que forme parte del club liberal de poder”, dijo, y agregó que el plan busca “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”.
La crítica tocó un nervio. En un país donde la vivienda es el tema que más preocupa a la clase media y a los inmigrantes recientes, la idea de que el gobierno use dinero público para comprar propiedades que los desarrolladores no pudieron vender genera una reacción visceral. ¿Por qué debería el contribuyente asumir esa cuenta?
El otro lado del argumento
El gobierno federal responde que no se trata de un rescate sino de una estrategia pragmática. Las unidades ya están construidas. Dejarlas vacías no beneficia a nadie. Comprarlas a precios negociados y destinarlas a vivienda con alquileres controlados permite agregar oferta al mercado sin esperar años de nueva construcción. Además, el paquete incluye una reducción de hasta la mitad en los cargos de desarrollo para construcción multifamiliar en comunidades prioritarias, lo cual, argumentan atacaría una de las raíces del problema: lo caro que resulta construir en Canadá.
Expertos en vivienda están divididos. Algunos coinciden con la lógica del gobierno: es mejor llenar esas unidades que dejarlas como monumentos al exceso inmobiliario. Otros advierten que el plan carece de detalles sobre los precios de compra y las garantías de que los desarrolladores no salgan ganando a costa del contribuyente.
Lo que le importa a quien busca dónde vivir
Para la comunidad hispana en Canadá, que en buena medida arrienda y que ha enfrentado años de aumentos brutales en el costo de la vivienda, el debate tiene un ángulo muy concreto. Si este plan efectivamente convierte condos vacíos en unidades de alquiler accesible, podría significar más opciones para familias que hoy gastan más de la mitad de su ingreso en vivienda. Pero si se queda en promesas vagas y transferencias a desarrolladores, habrá sido otra oportunidad desperdiciada.
Lo cierto es que la crisis de vivienda en Canadá no se resuelve con un solo anuncio, venga del gobierno o de la oposición. Lo que sí puede hacer la comunidad es seguir el debate de cerca y exigir que cualquier solución incluya a quienes más la necesitan, no solo a quienes más capacidad de lobby tienen.
Redacción de: Mauricio Navas Talero LJI Reporter
