La presidenta peruana Dina Boluarte, ha sido objeto de una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación, relacionada con los episodios de violencia social ocurridos en ese país en diciembre del 2022 y que cobró la vida de al menos 40 ciudadanos.
Tras la defenestración del presidente Pedro Castillo, millares de personas en todo el Perú, se volcaron a las calles para protestar contra esa medida, pues consideraban que su derecho de elegir a su máximo representante por la vía democrática había sido violado.
La respuesta de las autoridades fue considerada en la ocasión desmesurada y para muchos especialistas, la responsable directa de los desastrosos resultados como consecuencia de la actuación policial, ha sido la ocupante de la Casa de Pizarro, sede de la presidencia de Perú.
La Fiscalía peruana, busca ahora reconstruir los hechos que ocasionaron la pérdida de tantas vidas de manifestantes que expresaban su repudio no sólo contra la destitución de Castillo, sino también clamaban por reformas políticas y contra la represión gubernamental.
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Qué significa en la práctica esta denuncia
La Fiscalía de la Nación, entiende que el pueblo peruano busca justicia y que no permitirá que este caso quede en el olvido y menos que sea archivado, como tantas otras veces ha sucedido con anteriores denuncias presentadas contra la presidenta Dina Boluarte.
Las autoridades judiciales aseveran que la ciudadanía de ese país, ha sido extremadamente clara en su reclamo. Por su parte, algunos analistas políticos ponen en tela de juicio la efectividad de esta denuncia constitucional, justamente porque en anteriores ocasiones las acusaciones contra Boluarte, han acabado archivadas de la manera más impune.
Piden prisión para el hermano de Dina Boluarte
Asimismo, la Fiscalía peruana ha pedido 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la actual presidenta. De acuerdo con la acusación, éste habría usado el poder de su hermana para copar entidades públicas y obtener ganancias ilícitas.
El Ministerio Público, acusó a Nicanor Boluarte de liderar una organización criminal que usaba el Ministerio del Interior para nombrar a prefectos y subprefectos que pudieran hacer parte de su esquema. Además, también pidió la prisión de otros personajes involucrados en el caso de los Waykis en la Sombra, grupo que realizaba negocios plagados de escándalos.
Redacción de: J.Bendezu, LJI Reporte