Durante el fin de semana se llevó a cabo un operativo en la vivienda de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, así como el Palacio de Gobierno que fueron allanados por un equipo policial y fiscal en busca de relojes de lujo no declarados por la mandataria. Este evento ha desencadenado una nueva crisis política en el país sudamericano.
La presidenta Boluarte, en un discurso televisado el sábado, denunció la forma “inconstitucional y discriminatoria” en que se llevó a cabo el allanamiento en su residencia, en la cual los agentes irrumpieron en medio de la noche, según sus palabras, sin dar el tiempo suficiente para que su familia se preparara para recibirlos.
Este incidente marca la primera vez en la historia de Perú en la que la policía entra por la fuerza en la casa de un presidente en ejercicio. Las acciones de la policía han generado críticas y preocupaciones sobre el estado de la democracia en el país.
La investigación preliminar en contra de Boluarte se centra en la presunta adquisición de una colección no revelada de relojes de lujo desde que asumió cargos gubernamentales en 2021. Esta pesquisa se inició después de que varios programas de televisión destacaran a Boluarte usando un reloj Rolex de alto valor, sin que este fuera declarado en su documento de declaración de activos.
Boluarte, en su defensa, ha negado rotundamente las acusaciones de corrupción y ha afirmado que cooperará plenamente con la investigación, aunque ha decidido no hacer comentarios públicos sobre el origen de los relojes hasta presentarse ante la fiscalía con su abogado. Sin embargo, la fiscalía ha instado a Boluarte a presentar rápidamente los relojes Rolex para su investigación.
¿Qué pasa mientras tanto en Perú?
El incidente ha avivado las tensiones políticas en Perú, un país que ha tenido una serie de cambios presidenciales en los últimos años y enfrenta desafíos económicos y sociales significativos. La situación ha llevado a algunos sectores políticos a exigir la destitución de Boluarte, mientras que otros han expresado su apoyo a la mandataria, calificando el allanamiento como un abuso de poder.
A pesar de la controversia, Boluarte ha afirmado su intención de seguir colaborando con la investigación y ha pedido que se le tome declaración de forma inmediata para esclarecer los hechos.
El escándalo y la crisis política derivada de este evento podrían tener implicaciones significativas para el futuro político y económico de Perú, en un momento en que el país busca estabilidad y progreso.
Redacción de: Karen Rodríguez A.