El Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió el jueves un informe en el que expresó serias inquietudes sobre la situación del sistema judicial y el uso reiterado de estados de excepción en Ecuador, instando al país a fortalecer el Estado de derecho y proteger los derechos humanos.
Desde enero de 2024, Ecuador ha declarado varios estados de excepción a nivel nacional y local como respuesta a una creciente crisis de violencia. Sin embargo, el Comité de la ONU señaló que estas medidas, en lugar de ser excepcionales, se están normalizando, situación que calificaron de “alarmante”. Particularmente, el Comité cuestionó la declaración de “conflicto armado interno” por parte del presidente Daniel Noboa, la cual ha sido utilizada para justificar suspensiones de derechos fundamentales como la libertad de movimiento, asociación y reunión.
El organismo internacional subrayó que estas restricciones afectan de forma desproporcionada a grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, personas en situación de pobreza y solicitantes de asilo. En su informe, la ONU recomendó al gobierno ecuatoriano limitar el uso de estados de excepción, asegurando que sean temporales, necesarios y sujetos a revisión judicial.
Corrupción en el sistema judicial
La ONU también resaltó la corrupción dentro del sistema judicial de Ecuador como una barrera significativa para la justicia. Aunque reconoció los esfuerzos para fortalecer las unidades judiciales que abordan delitos de corrupción y crimen organizado, el Comité expresó su preocupación ante denuncias de sobornos, procesos judiciales retrasados y beneficios penitenciarios otorgados a miembros de organizaciones criminales.
Crisis en el sistema penitenciario
El informe de la ONU también abordó la grave crisis en el sistema penitenciario de Ecuador, señalando que la militarización y la infiltración del crimen organizado obstaculizan el funcionamiento adecuado de las cárceles. El Comité pidió reducir el hacinamiento y limitar el uso de la prisión preventiva para mejorar las condiciones dentro de los centros penitenciarios.
En respuesta a estas preocupaciones, el presidente Noboa anunció una reforma constitucional que pretende excluir a las personas privadas de libertad de los grupos de atención prioritaria. Según Noboa, los recursos públicos deben enfocarse en quienes “lo necesitan y lo merecen”.
La ONU instó a Ecuador a capacitar a jueces y fiscales en el combate a la corrupción, así como a implementar medidas de seguridad para que el personal judicial pueda trabajar sin interferencias ni amenazas. Además, recomendó revisar la seguridad en el sistema penitenciario y limitar el uso de los estados de excepción.
Redacción de: Karen Rodríguez A.