El gobierno de Nicaragua, liderado por el presidente Daniel Ortega, clausuró este jueves 169 organizaciones no gubernamentales (ONG), en lo que se considera un nuevo ataque contra la sociedad civil. Entre las organizaciones afectadas se encuentra Save the Children, una de las más reconocidas a nivel global por su labor en la protección infantil. Este cierre se suma a los más de 5.660 organismos que han sido forzados a cesar operaciones en el país desde 2018.
Entre las entidades clausuradas se destacan unas 90 iglesias y asociaciones evangélicas, 40 asociaciones de ganaderos, una organización católica, un grupo de académicos jubilados y la Fundación contra el Cáncer y Sida. La cancelación de la Asociación Camilo Ortega, dedicada a conmemorar la figura del hermano del presidente Ortega, también ha generado controversia, ya que las autoridades argumentan que la decisión se debió a la falta de transparencia financiera, una razón comúnmente esgrimida para justificar la represión.
El Ministerio del Interior, responsable de ejecutar estas medidas, indicó que las organizaciones cerradas no cumplieron con las leyes vigentes, lo que resultó en la cancelación de su personalidad jurídica. De acuerdo con la nueva normativa, los bienes de estas ONG pasarán a manos del Estado.
Este último golpe contra la sociedad civil ocurre en un contexto de creciente represión en Nicaragua, donde Ortega, en el poder desde 2007, ha intensificado las medidas autoritarias tras las protestas antigubernamentales de 2018. En respuesta a estas manifestaciones, el gobierno ha cerrado miles de ONG, universidades y medios de comunicación, y ha encarcelado o expulsado a cientos de opositores.
Además, el régimen ha impuesto nuevas leyes que aumentan el control sobre las ONG y los grupos religiosos. A partir del 22 de agosto, entró en vigor una normativa que obliga a las iglesias a pagar impuestos y limita las actividades de las ONG a alianzas con entidades estatales.
Reacciones internacionales
Estas acciones han sido fuertemente criticadas por la comunidad internacional. Naciones Unidas calificó la situación en Nicaragua como “alarmante” y denunció la persecución sistemática contra la sociedad civil. Mientras tanto, Ortega ha desestimado las críticas de países como Estados Unidos y la Unión Europea, afirmando que Nicaragua es un país soberano que no acepta órdenes extranjeras.
Redacción de: Karen Rodríguez A.