Bridget Burnett ya había vendido su casa en Colorado. Sus cajas estaban empacadas, la mudanza coordinada, su nueva vida como psicóloga clínica en Victoria a días de comenzar. Entonces llegó un correo electrónico de IRCC pidiéndole que devolviera el certificado que la reconocía como ciudadana canadiense.
Cuando llamó al ministerio para entender qué estaba pasando, la persona que la atendió, amable, según Burnett tampoco lo sabía. No pudo decirle qué faltaba en su expediente, ni qué debía hacer, ni cómo afectaba esto a su mudanza. Una funcionaria sin respuestas frente a una ciudadana sin país claro.
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¿Qué cambió desde la semana pasada?
La historia de los certificados suspendidos ya se conocía. Como informó The Spanish Media la semana pasada, IRCC comenzó a enviar cartas a partir del 13 de junio pidiendo la devolución de certificados otorgados bajo el Proyecto de Ley C-3, la ley de “canadienses perdidos” aprobada en diciembre de 2025. Lo nuevo es la escala de la confusión que vino después.
La ministra de Inmigración, Lena Diab, defendió la medida en la Cámara de los Comunes. Dijo que “tener un ancestro canadiense no significa que alguien sea automáticamente elegible” y que cada solicitante “debe probar su vínculo con Canadá en cada generación de manera definitiva”. El ministerio agregó que todos los afectados tendrán oportunidad de presentar documentación adicional.
¿Dónde está el problema real?
En lo que el gobierno está pidiendo. IRCC marcó solicitudes donde la cadena ancestral se construyó con registros de plataformas genealógicas como Ancestry o FamilySearch, y ahora exige registros civiles originales: certificados de nacimiento, actas de bautismo certificadas, documentos emitidos por autoridades provinciales de estadísticas vitales.
El caso de Burnett ilustra el absurdo. Su bisabuelo nació en New Brunswick. Ella presentó registros censales certificados de 1861 obtenidos de Library and Archives Canada. Tiene una carta de los archivos de New Brunswick confirmando que no existe un certificado de nacimiento para esa persona. La ley permite evidencia alternativa cuando los documentos originales no están disponibles. Y aun así, le pidieron que devuelva su certificado.
Los archivos provinciales, desbordados
Hay una consecuencia práctica que el gobierno no anticipó, o al menos no mencionó. Los archivos de Ontario recibieron casi 1,200 solicitudes de copias certificadas de registros vitales solo en mayo de este año. En mayo del año pasado habían recibido 165. Eso es un aumento de más de siete veces. Quienes necesiten obtener esos documentos para responder a la orden de IRCC van a encontrarse con esperas que podrían durar meses.
Para la comunidad inmigrante en general, el mensaje que deja este episodio va más allá de los “canadienses perdidos”. Si el gobierno puede emitir un documento oficial de ciudadanía y luego pedir que lo devuelvan sin un proceso judicial claro, la pregunta que queda flotando es incómoda: ¿qué tan firme es cualquier papel que entrega IRCC?
Redacción de: Mauricio Navas Talero LJI Reporter
