Jair Bolsonaro, presidente de extrema derecha, después de una serie de medidas que debilitaron las leyes ambientales de Brasil, dio un giro radical al firmar un decreto el martes relacionado con delitos relacionados con la destrucción de la selva amazónica.
La nueva legislación aumenta las multas para las personas que proporcionen información falsa para las solicitudes de licencias de tala y concesiones forestales. Por otra parte, no aborda cuestiones urgentes que han dificultado la sanción, como el hecho de que las multas caduquen sin pagarse.
Suely Araújo, especialista sénior en políticas públicas del Observatorio del Clima, una red de grupos ambientalistas, explica que el decreto es una respuesta a una demanda en la Corte Suprema que acusa al gobierno de Bolsonaro de dejar de perseguir los delitos ambientales.
En el centro de la demanda están los ‘centros de reconciliación’ que Bolsonaro creó en 2019 en los cuales los infractores ambientales pueden impugnar sus multas. Los ecologistas las han criticado duramente.
Los centros llevaron a una fuerte reducción de las multas ambientales, un hecho que Bolsonaro celebró como un logro, quien prometió detener lo que llamó la “industria de las multas” durante su campaña electoral.
“Dejamos de tener grandes problemas con el tema ambiental, sobre todo con las multas. ¿Tienen que existir? Sí, pero hablamos y reducimos las multas en agricultura en más de un 80%”, presumió en enero durante un acto oficial.
No obstante, el decreto “es como aplicar una curita a un hueso roto”, dice Araújo, quien dirigía la agencia reguladora ambiental de Brasil pero renunció al inicio del mandato de Bolsonaro.
En un momento en que los delitos ambientales se disparan, la aplicación de la ley es baja y los procedimientos de castigo son caóticos, “este decreto no significa absolutamente nada”, expresó.