La Procuraduría General de la República informó el martes que abrió varias líneas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, varias semanas después de que la agencia contra el lavado de dinero del país acusara al exmandatario de manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales.
Peña Nieto es investigado por delitos electorales vinculados a empresa, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según un comunicado de la Fiscalía General de la Nación.
El comunicado de prensa se refirió a él únicamente como “Enrique ‘P’” de acuerdo con la política mexicana de no identificar a los acusados de delitos. Sin embargo, un funcionario de la fiscalía confirmó que se trataba de Peña Nieto.
Peña Nieto gobernó México de 2012 a 2018 y desde entonces vive en España. Cuando se dio a conocer la denuncia penal de la Unidad de Inteligencia Financiera el mes pasado, Peña Nieto escribió en su cuenta de Twitter que su dinero fue obtenido legalmente.
El mes pasado, Pablo Gómez, jefe de la unidad, señaló que una empresa dirigida por la familia de Peña Nieto tenía “una relación simbiótica” con una empresa que recibió alrededor de $500 millones en contratos gubernamentales mientras él era presidente.
El anuncio del martes no agregó muchos detalles, pero sí nombró a la constructora española OHL, que tiene una subsidiaria en México, como involucrada en varias de las acusaciones contra Peña Nieto.
Gómez también había dicho que Peña Nieto recibió transferencias de dinero de un pariente, aparentemente vinculado a dos empresas, la de su familia y una que recibe contratos del gobierno, por alrededor de $1.3 millones después de dejar el cargo.
