A partir del quince de julio, las personas que hayan sido estafadas por un consultor de inmigración registrado en Canadá podrán reclamar compensación económica a través de un fondo nuevo que administra el College of Immigration and Citizenship Consultants. La medida suena bien. Y lo es, dentro de sus límites. El problema es lo que queda fuera.
El gobierno federal anunció en mayo un paquete de reformas que incluye sanciones más duras para consultores que cometan fraude o den asesoramiento engañoso, mayor transparencia en el registro público de profesionales habilitados y, por primera vez, un mecanismo de compensación directa para quienes perdieron dinero por la mala conducta de un consultor con licencia.
¿Qué cubre el fondo y qué no?
El fondo tiene aplicación retroactiva hasta noviembre de 2021, lo cual amplía bastante el universo de posibles reclamantes. Si alguien pagó a un consultor registrado y ese profesional fabricó documentos, dio información falsa o desapareció con el dinero, hay un camino formal para pedir la devolución.
Lo que no cubre es exactamente lo que más daño hace: los llamados ghost consultants. Son personas que operan sin licencia, muchas veces desde fuera de Canadá, y que cobran miles de dólares por servicios que no existen. Prometen residencias permanentes que no pueden tramitar, inventan programas migratorios ficticios y, cuando algo sale mal, simplemente cambian de nombre o de número de teléfono.
¿Por qué importa esto para la comunidad latina?
En las oficinas de abogados de inmigración de Toronto, el patrón se repite con una frecuencia que ya dejó de sorprender. Familias colombianas, mexicanas, venezolanas y ecuatorianas que pagaron entre cinco mil y quince mil dólares a alguien que encontraron por redes sociales o por recomendación de un conocido, y que terminaron con solicitudes rechazadas, documentos falsificados a su nombre o, peor aún, prohibiciones de entrada al país.
El caso más común es el del consultor fantasma que opera desde América Latina y ofrece paquetes completos de inmigración a Canadá por WhatsApp. Cobra por adelantado, envía recibos que parecen oficiales y, en algunos casos, llega a presentar solicitudes ante IRCC con información inventada. Cuando la solicitud es rechazada, la víctima no solo pierde el dinero: queda con un antecedente de misrepresentation que puede cerrarle las puertas durante cinco años.
¿Cómo protegerse?
Verificar si un consultor tiene licencia activa se puede hacer en minutos en el sitio web del College of Immigration and Citizenship Consultants. Si no aparece en el registro, no importa cuántas promesas haga ni cuántos testimonios publique en Instagram: no está autorizado.
Las reformas de julio también exigen que, a partir de abril de 2027, el registro público incluya más información sobre cada consultor: nombre comercial, ubicación, estado de la licencia, condiciones y cualquier medida disciplinaria. Es un avance. Pero mientras el grueso del fraude siga ocurriendo fuera de las fronteras canadienses, la protección real dependerá más de la precaución individual que de cualquier fondo gubernamental.
Redacción de: Mauricio Navas Talero LJI Reporter
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