«El silencio es cómplice»: la agencia que llevó a decenas de latinos a Canadá cuenta por dentro la quiebra de ILAC
El viernes 19 de septiembre, ILAC Education Group, uno de los grupos educativos privados más grandes de Canadá, se declaró en quiebra con efecto inmediato. De un día para otro, más de 1.362 estudiantes de sus programas de inglés se quedaron sin escuela, y varios miles más si se suman sus otras unidades de negocio. Pilar Arbeláez, fundadora de la agencia de estudios en el exterior Study Now y una de las personas que trabajó de la mano con ILAC durante años, habló con The Spanish Media sobre lo que vivió por dentro esos días, y sobre cómo Canadá llegó hasta aquí.
¿Cómo se enteró la gente de la quiebra?
ILAC informó la decisión el viernes en la tarde, con efecto inmediato: los estudiantes que el lunes siguiente debían ir a clase simplemente ya no tenían a dónde llegar. «ILAC anunció su quiebra el viernes pasado con efecto inmediato, o sea, a partir del lunes los estudiantes ya no tenían a dónde ir a estudiar», contó. Según el registro público del trámite, ILAC formalizó la quiebra ese mismo viernes por la tarde ante la corte, luego de que la empresa dijera que ya no contaba con los recursos financieros para seguir operando, tras «crecientes dificultades financieras durante los últimos tres años por cambios regulatorios importantes en el sector».
Lo que más le indignó a Arbeláez fue el momento en que llegó la noticia: la empresa, dice, siguió recibiendo pagos probablemente las horas previas al anuncio, es decir que seguía cobrando matrículas mientras, según todo indica, ya sabía que iba a cerrar.
¿Qué era ILAC y cuántos estudiantes quedaron afectados?
ILAC empezó hace casi 30 años como una simple escuela de inglés para estudiantes internacionales, y con el tiempo se convirtió en un grupo educativo con varias unidades de negocio: ILAC (la escuela de idiomas original), ILAC College (programas vocacionales, con alianzas con los colleges públicos Fanshawe y Georgian), ILAC Kiss e ILAC Kids, una plataforma para aplicar a universidades llamada UniApply Now, la empresa de campamentos de verano Tanbark, e ILAC High School, con sedes en Toronto y Vancouver.
Según cifras de Languages Canada, la asociación que acredita a las mejores escuelas de inglés públicas y privadas del país, 1.362 estudiantes de los programas presenciales de idiomas de ILAC quedaron afectados. A esa cifra, Arbeláez suma otros aproximadamente 1.000 estudiantes de los cursos en línea, cerca de 500 que estaban tramitando aplicaciones a universidades a través de UniApply Now, y más de 400 que pasaron este año por los campamentos de verano. Sumando todo, ella calcula que la cifra total de estudiantes afectados por las distintas unidades de ILAC está cerca de los 3.000, aunque esta última cuenta es su propio estimado y no un número que Languages Canada ni el gobierno hayan confirmado de forma oficial.
¿Qué pasó con los alojamientos y los pagos por adelantado?
Además de clases, ILAC ofrecía alojamiento a sus estudiantes, sobre todo a través de una red de homestays, familias canadienses que reciben estudiantes en su casa. Según Arbeláez, la mayoría de los estudiantes de ILAC pagaban por adelantado la totalidad de su programa: estudio, vivienda, alimentación y seguro médico, un requisito casi de rigor para demostrarle a la embajada que son estudiantes genuinos al tramitar la visa.
Al momento de la quiebra, ILAC solo había asegurado, en el mejor de los casos, dos semanas adicionales de alojamiento pagado para sus estudiantes. Arbeláez contó que, la misma noche del anuncio, tuvo que llamar personalmente a la mujer que alojaba a uno de sus estudiantes para pedirle que no lo sacara de la casa mientras ella conseguía información, y que logró confirmarle al día siguiente que sí, en efecto, le habían depositado dos semanas más justo antes del cierre.
¿Cómo se está reubicando a los estudiantes?
Languages Canada activó su Plan de Garantía de Finalización de Educación, conocido como eCAP, para coordinar la reubicación de estudiantes en escuelas asociadas sin cobrarles matrícula adicional por el período equivalente. Según la propia asociación, más de 430 de los 1.362 estudiantes presenciales ya habían sido reubicados a los pocos días del cierre, con prioridad para quienes estaban cerca de terminar su programa.
Arbeláez destaca el trabajo de Languages Canada y de las escuelas que, según ella, están recibiendo a los estudiantes con un compromiso de honor, incluso sin cobrarles, mientras el dinero de ILAC sigue congelado bajo la administración de KPMG, la firma que quedó a cargo del proceso de quiebra. De sus propios ocho estudiantes en destino, dijo, siete ya estaban reubicados a los cuatro días hábiles de la quiebra.
¿Qué pasa con los menores de edad?
De los ocho estudiantes que Study Now tiene en Canadá al momento del cierre, seis son menores de edad, un dato que Arbeláez subraya como el más delicado de todo el proceso. Canadá exige que estos estudiantes tengan un tutor legal designado, pero eso no cambia que sean, en sus palabras, personas con mayor nivel de indefensión, que dependen por completo del acompañamiento de sus padres y de la agencia para resolver una crisis de este tamaño.
¿Qué ha dicho el gobierno?
Según Arbeláez, hasta el momento de la conversación el único pronunciamiento oficial relacionado con la situación de los estudiantes venía de IRCC, informando que cuentan con un plazo para resolver su situación migratoria sin quedar en la ilegalidad. Vale la pena una aclaración: no se trata de una medida especial creada para ILAC, sino de una regla general de IRCC, vigente desde junio de este año, que permite a cualquier titular de permiso de estudio tomar una licencia autorizada de hasta 150 días consecutivos, incluyendo casos de cierre permanente de la institución, sin perder su estatus, aunque sin poder trabajar durante ese tiempo. Fuera de eso, ni IRCC ni ningún otro organismo federal ha emitido, una comunicación específica dirigida a los afectados por la quiebra de ILAC.
¿Cómo se llegó a esto?
Arbeláez insiste en que la quiebra no se puede entender sin mirar hacia atrás, a una cadena de cambios migratorios que, dice, arrancó casi desde 2019. Ese año, el gobierno de Ontario, bajo el premier Doug Ford, autorizó a instituciones educativas privadas a asociarse con colleges públicos para abrir campus en ciudades de alta demanda. ILAC abrió así campus junto a Fanshawe College y Georgian College. Con el tiempo, según cuenta Arbeláez, algunas instituciones llegaron a matricular varias veces más estudiantes de los que tenía su campus original, aunque los límites exactos que se fijaron y cómo fueron cambiando con los años son un punto que distintas fuentes describen de manera distinta, y que convendría seguir revisando contra el registro oficial del Ministerio de Colleges y Universidades de Ontario.
Lo que sí está bien documentado es lo que vino después. En enero de 2024, el gobierno federal, con Marc Miller como ministro de Inmigración, anunció un límite nacional a los nuevos permisos de estudio y creó las Provincial Attestation Letters (PAL), un mecanismo para controlar cuántos estudiantes puede recibir cada institución. También eliminó el acceso al permiso de trabajo posterior al grado para egresados de este tipo de alianzas público-privadas, y restringió el permiso de trabajo para los cónyuges de los estudiantes. Meses antes, en febrero de 2024, Canadá también volvió a exigirle visa a los ciudadanos mexicanos, una medida que, según Arbeláez, se anunció y entró en vigor de un día para otro, y que dejó a la propia embajada canadiense en México desbordada de solicitudes.
El resultado, según cifras que el gobierno mismo ha publicado, es una caída drástica en la llegada de estudiantes internacionales: de un target de 305.900 nuevos permisos de estudio, el gobierno bajó la meta a 155.000 para este año. En 2022 llegaron a Canadá unos 550.000 estudiantes internacionales en total, y este año la cifra podría cerrar cerca de 100.000.
¿Quién es responsable?
Arbeláez no exime al gobierno de responsabilidad, pero tampoco se la carga entera. Para ella, la abrupta manera en que se tomaron las medidas migratorias desde 2024, sin tiempo de reacción para instituciones que habían invertido millones en nuevos campus, es parte del problema. Pero también apunta al fondo de inversión dueño de ILAC, ONCAP, al que describe como alguien que siguió invirtiendo y creciendo, incluso abriendo un campamento de verano nuevo en Londres semanas antes de la quiebra, sin ajustar el tamaño del negocio a un mercado que ya se estaba reduciendo.
ONCAP es el brazo de capital privado de ONEX, uno de los fondos de inversión más grandes de Canadá. La deuda total de ILAC al momento de la quiebra, según cifras que circulan en medios y que Arbeláez dice que le han confirmado informalmente, rondaría los 130 millones de dólares.
Sobre si ONCAP y ONEX hubieran podido rescatar a ILAC solo con dinero, Arbeláez es clara: «sí hubieran podido hacerlo», dijo, aunque aclaró que no le corresponde a ella, que se define como comunicadora social y no economista, juzgar si la decisión de no hacerlo fue o no la correcta desde el punto de vista financiero. Éticamente, sin embargo, sí tiene una opinión formada: llama «muy cuestionable» que un fondo de inversión decida no rescatar una industria educativa completa.
¿Por qué la ley protege más a unos que a otros?
Uno de los puntos que más llaman la atención es cómo funciona la ley de bancarrota canadiense en un caso así: protege primero a los acreedores con garantías reales, como los bancos, y deja a estudiantes, padres de familia y agencias como acreedores de última fila, sin ninguna garantía de recuperar nada.
Por eso trajo a la conversación los modelos de Australia y Nueva Zelanda. Australia tiene un esquema llamado tuition protection, pensado específicamente para proteger la matrícula que ya pagaron los estudiantes internacionales si una institución cierra. Nueva Zelanda, por su parte, exige que el dinero de las matrículas se deposite en fondos que se liberan poco a poco, a medida que la institución efectivamente entrega el programa contratado. Canadá, no tiene un mecanismo equivalente, algo que estas dos quiebras en la misma semana dejaron en evidencia.
¿Se puede demandar?
Arbeláez fue clara en su respuesta: se puede, pero no lo recomienda. Con una deuda tan grande frente a acreedores con garantías reales, calcula que no quedaría dinero real para estudiantes ni para agencias después de una demanda, y que gastar en abogados una batalla que ya está perdida no tiene sentido. Su posición, dice, es construir en lugar de buscar venganza: usar la energía en reubicar estudiantes, recuperar la confianza en el sistema educativo canadiense y prevenir que algo así se repita, en vez de perseguir una demanda simbólica.
El mensaje final
Arbeláez cerró la conversación con un llamado a la solidaridad, la misma palabra que dice haber aprendido a valorar tras el terremoto que golpeó a Colombia el mes pasado. Su mensaje fue directo: a los hogares de acogida, que no saquen a los estudiantes de sus casas aunque el pago se haya cortado; a las escuelas, que sigan recibiendo a quienes fueron afectados; y al gobierno canadiense, que no se quede en silencio.
Redacción de Mauricio Navas Talero LJI Reporter
