La frágil tregua de las pandillas en El Salvador ha terminado.
Tras meses de relativa calma y con niveles de violencia en las calles reducidos, los asesinatos alcanzaron otra vez niveles no vistos en casi 30 años en el país centroamericano.
Como resultado, la Asamblea legislativa -de mayoría oficialista- aprobó el miércoles una polémica solicitud del Ejecutivo para combatir a las llamadas maras, orientada a reformar el código penal para endurecer las condenas contra los pandilleros.
La medida tiene lugar luego de que el gobierno de Nayib Bukele pidiera el domingo a la Asamblea que declarara el estado de excepción en el país, luego de que se reportaran más de 80 asesinatos durrante el fin de semana.
Las normativas, que se implementarán en principio por un mes -aunque puede ser extendido-, incluyen la suspensión de la libertad de asociación, del derecho de defensa y de la inviolabilidad de la correspondencia.
Ahora, con la reforma aprobada el miércoles, los miembros de las maras o pandillas podrán ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión, mientras los líderes de estos grupos podrán recibir entre 40 y 45 años de cárcel.
En uno de sus incisos más polémicos, la reforma al código penal incluye también considerar como adultos y juzgarlos como tal a los pandilleros mayores de 12 años.
Es la primera vez que el gobierno propone una pena específica para quienes considere pandilleros.
El Salvador se consideraba a los miembros de las bandas criminales como “terroristas” y se les procesaba bajo esa figura, aunque de acuerdo con la prensa local, era complicado comprobar su participación en esas agrupaciones y las sentencias variaban entre los seis y nueve años de prisión.