Corea del Sur ha alcanzado un punto crítico tras la detención del exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, acusado de traición e insurrección, en el marco de una crisis desatada por el fallido intento del presidente Yoon Suk Yeol de declarar la ley marcial y aferrarse al poder. La detención de Kim marca un nuevo capítulo en la crisis política que enfrenta el país. El exministro, quien había presentado su renuncia días atrás, está señalado como una de las figuras clave en la planificación de la controvertida maniobra que buscaba paralizar el Parlamento y concentrar el poder en el Ejecutivo.
“El caso de la ley marcial es una grave violación del estado de derecho y requiere una investigación exhaustiva”, declaró un portavoz de la Fiscalía. La acusación también ha alcanzado al propio presidente Yoon, quien enfrenta una investigación por insurrección y traición, delitos que podrían implicar penas severas, incluida la muerte.
Por su parte, el Parlamento intentó votar una moción de censura para destituir a Yoon, pero la sesión fue boicoteada por la mayoría de los legisladores del gobernante Partido del Poder Popular (PPP), que frustró el esfuerzo de la oposición. Solo tres miembros del PPP votaron a favor de la moción, dejando a los partidos opositores sin los dos tercios necesarios para aprobarla.
Presión interna y renuncias en el gabinete
En medio de la crisis, el propio PPP ha comenzado a distanciarse del presidente. Han Dong-hoon, líder del partido, aseguró que trabajan para que Yoon dimita de manera “ordenada” antes de que se presente una nueva moción de censura, prevista para el miércoles.
Este domingo, el ministro del Interior, Lee Sang-min, también presentó su renuncia. “Reconozco mi responsabilidad por no haber servido bien a la ciudadanía ni al presidente”, afirmó en un comunicado. La renuncia fue aceptada por Yoon en un intento de calmar las tensiones.
El origen de la crisis se remonta al pasado martes, cuando el presidente Yoon declaró la “ley marcial de emergencia”, justificándola como una medida necesaria para contrarrestar supuestas amenazas internas y “elementos antiestatales” vinculados a Corea del Norte. La medida incluyó el despliegue de tropas armadas y vehículos blindados en la capital, así como la suspensión de actividades parlamentarias y políticas. Sin embargo, tanto opositores como miembros del PPP calificaron la declaración como “inconstitucional”. En una sesión extraordinaria, el Parlamento votó para revocar la ley marcial pocas horas después de su declaración, forzando al presidente a retirar la medida.
El futuro de Yoon Suk Yeol
El presidente ofreció una disculpa pública el sábado, señalando que la decisión de declarar la ley marcial fue un acto de “desesperación” para salvaguardar la democracia del país. “Asumo toda responsabilidad política y legal”, declaró en un discurso televisado, pero no dio indicios de que renunciaría. Pese a sus declaraciones, su permanencia en el cargo parece insostenible. Según encuestas recientes, más del 70% de la población surcoreana apoya su renuncia. La presión no solo proviene de la oposición, sino también de su propio partido, que teme que el escándalo dañe irreparablemente su reputación de cara a las elecciones futuras.
Redacción de: Karen Rodríguez A.