A partir de la caída de las redes de Internet de la compañía Rogers el pasado 8 de julio, los canadienses se preguntan, hasta qué punto los organismos encargados de la fiscalización están realizando satisfactoriamente sus funciones.
Como se recuerda, aquel día, más de 12 millones de usuarios de esa empresa se vieron imposibilitados de comunicarse a través de Internet en todos sus dispositivos. Inclusive el servicio de urgencias 911 se vio comprometido.
Ahora, varios expertos han dado una serie de recomendaciones, incluida la legislación que reconocería los servicios de telecomunicaciones como servicios públicos esenciales. Ellos atribuyen la mayor responsabilidad a la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, CRTC, por su sigla.
Funcionarios de la CRTC, ejecutivos de Rogers y el ministro de Industria, Francois-Philippe Champagne se reunieron con parlamentarios del comité de industria de la Cámara de los Comunes, para encontrar alternativas que puedan evitar una situación semejante en el futuro.
Los parlamentarios buscaron soluciones, se predispusieron, de ser necesario a presentar más leyes que puedan garantizar que los servicios de telecomunicaciones estén regulados como servicios públicos. Es un servicio esencial, concordaron.
Asimismo, reconocieron que por mandato, la CRTC es responsable de llevar a cabo los objetivos descritos en la Ley de Telecomunicaciones, que exige servicios confiables y asequibles de alta calidad, accesibles para los canadienses en áreas urbanas y rurales de todas las regiones de Canadá. Se espera que se cumpla la ley.
Redacción de: J.Bendezu, LJI Reporter
