Alberta pregunta el 19 de octubre si puede cobrarle al inmigrante por usar el hospital o el colegio
El 19 de octubre, el mismo día de las elecciones municipales, Alberta somete a votación diez preguntas de referendo. Cuatro de ellas, seguidas en la boleta, tocan directamente a cualquier persona que llegue a la provincia sin ser ciudadana canadiense ni residente permanente. Preguntan, en resumen, si Alberta debe controlar más quién entra y si algunos recién llegados deben pagar o esperar antes de usar salud y educación pública.
¿Qué preguntan exactamente las boletas?
Según el decreto oficial que fijó el texto (O.C. 110/2026, publicado por Elections Alberta), las preguntas 1 a 4 del referendo son estas, resumidas:
Pregunta 1: si el Gobierno de Alberta debe tomar mayor control sobre la inmigración para bajar los niveles a algo más sostenible, priorizando la migración económica.
Pregunta 2: si se debe aprobar una ley que limite los programas financiados por la provincia (salud, educación, servicios sociales) solo a ciudadanos canadienses, residentes permanentes y personas con un estatus migratorio aprobado por Alberta.
Pregunta 3: si se debe exigir doce meses de residencia en Alberta antes de que una persona con estatus migratorio no permanente pueda acceder a programas de apoyo social.
Pregunta 4: si se deben cobrar tarifas a personas con estatus migratorio no permanente por servicios de salud y de educación.
Las preguntas 5 a 9 tocan temas distintos, como pedir identificación para votar o repartir poderes entre el gobierno federal y las provincias. La pregunta 10 es aparte: pregunta si Alberta debe quedarse en Canadá o iniciar el proceso hacia un referendo vinculante de separación.
¿De dónde sale la cifra que usa el gobierno?
La premier Danielle Smith sostiene que los residentes temporales le cuestan a Alberta más de 1.000 millones de dólares al año en salud y educación, frente a solo 150 millones que aportan en impuestos. Es la cifra que el gobierno repite para justificar la pregunta 4. Pero cuando le pidieron un número concreto de cuánto sería la tarifa, Smith solo alcanzó a sugerir un posible cobro de salud de 1.900 dólares, sin confirmar si esa cifra es anual, por persona o por familia.
El ministro de Inmigración, Joseph Schow, fue todavía más directo sobre lo que falta por resolver: «en cuanto a los parámetros más finos, todavía estamos trabajando en eso», dijo, sin poder precisar el monto exacto de las tarifas ni a quién exactamente aplicarían.
¿Aplicaría a quién ya vive en Alberta?
Esa es otra pregunta sin responder. El gobierno no ha aclarado si las nuevas reglas, de aprobarse, se aplicarían solo a quien llegue después del referendo o también a trabajadores temporales, estudiantes y solicitantes de residencia que ya están instalados en la provincia. Tampoco definió qué documentos probarían el «estatus migratorio aprobado por Alberta» que menciona la pregunta 2.
¿Qué dice la oposición?
El líder de la oposición, Naheed Nenshi, acusó a Smith de contradecirse a sí misma, porque en el pasado defendió subir los niveles de inmigración y ahora los quiere recortar. Para Nenshi, el referendo busca culpar a los recién llegados de fallas que le corresponden al propio gobierno. Otros críticos van más allá y comparan el cobro propuesto con un impuesto de cabeza, discriminatorio por definición; Smith responde que otras jurisdicciones ya cobran primas de salud a residentes temporales, y que Alberta no sería la primera.
Un resultado favorable al «sí» en las preguntas de inmigración no cambia la ley de inmediato. Un referendo en Alberta es una consulta, no un mandato automático, el gobierno tendría que legislar después para volverlo realidad, con todos los detalles que hoy siguen sin definirse. Pero el mensaje político, ese sí quedaría sellado el 19 de octubre.
Redacción de Mauricio Navas Talero LJI Reporter
