Los habitantes de Alberta votarán el próximo 19 de octubre sobre una serie de propuestas que podrían cambiar la manera en que la provincia selecciona inmigrantes y permite a los residentes temporales acceder a servicios públicos como salud, educación y ayudas sociales.
El referendo impulsado por el gobierno de la primera ministra Danielle Smith incluirá cinco preguntas relacionadas con inmigración. Sin embargo, el resultado no modificará automáticamente las condiciones de los inmigrantes: las preguntas no son vinculantes y cualquier cambio posterior tendría que convertirse en legislación, respetar las leyes federales y, posiblemente, superar impugnaciones judiciales.
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¿Qué se preguntará?
La primera pregunta consultará si Alberta debe asumir un mayor control sobre la inmigración para reducirla a niveles que el gobierno provincial considera sostenibles, priorizar la inmigración económica y dar preferencia a los habitantes de Alberta en las nuevas oportunidades laborales.
Las siguientes tres preguntas se concentran en los residentes con estatus migratorio temporal.
Una de ellas plantea que solamente los ciudadanos canadienses, residentes permanentes y personas con un estatus migratorio aprobado por Alberta puedan acceder a programas financiados por la provincia, incluidos salud, educación y otros servicios sociales.
Otra propone exigir que las personas con estatus temporal vivan durante al menos 12 meses en Alberta antes de recibir determinados apoyos provinciales, como subsidios de cuidado infantil, ayudas estudiantiles o programas de ingreso.
La cuarta pregunta plantea cobrar una tarifa o prima a los residentes temporales y a sus familias por utilizar los sistemas públicos de salud y educación.
La última pregunta relacionada con inmigración no modifica beneficios sociales. Consulta si los votantes deberían presentar una prueba formal de ciudadanía —como un pasaporte, certificado de nacimiento o tarjeta de ciudadanía— para participar en una elección provincial.
¿Quiénes podrían verse afectados?
Las propuestas establecen expresamente que los ciudadanos canadienses y los residentes permanentes conservarían su acceso actual a los servicios públicos.
Por esa razón, el impacto recaería principalmente sobre trabajadores extranjeros temporales, estudiantes internacionales, solicitantes de refugio y otras personas que permanezcan legalmente en Canadá sin haber obtenido todavía la residencia permanente.
No obstante, todavía no está definido qué significaría exactamente tener un “estatus migratorio aprobado por Alberta”, qué permisos serían reconocidos ni cuáles servicios quedarían sujetos a restricciones o cobros.
Esos detalles tendrían que ser desarrollados posteriormente por el gobierno provincial si alguna de las preguntas obtiene apoyo y la provincia decide legislar.
¿Por qué Alberta propone estos cambios?
Smith sostiene que el crecimiento acelerado de la población ha aumentado la presión sobre hospitales, escuelas, vivienda e infraestructura. Su gobierno afirma que prestar servicios a residentes temporales cuesta más de mil millones de dólares anuales a los contribuyentes de Alberta.
La primera ministra ha señalado que la provincia necesita una mayor participación en la selección de quienes llegan y que las políticas migratorias deben responder de forma más directa a las necesidades económicas y laborales de Alberta.
Los críticos, por su parte, advierten que las preguntas pueden responsabilizar a los inmigrantes por problemas que también están relacionados con años de falta de inversión, escasez de vivienda y crecimiento de la población proveniente de otras provincias. También temen que cobrar por salud o educación cree dos niveles de acceso entre quienes viven y trabajan legalmente en Alberta.
¿Puede Alberta controlar la inmigración por sí sola?
No completamente.
La Constitución canadiense reconoce que tanto el Parlamento federal como las provincias pueden legislar en materia de inmigración. Sin embargo, cuando una norma provincial entra en conflicto con una ley federal, prevalece la legislación de Canadá.
Actualmente, Alberta ya participa en la selección de inmigrantes económicos mediante el Alberta Advantage Immigration Program, pero Ottawa conserva competencias fundamentales, entre ellas la expedición de visas y permisos, la admisión al país, el refugio y la concesión de la residencia permanente.
Por lo tanto, un voto favorable podría dar al gobierno provincial un mandato político para negociar mayores facultades con Ottawa, pero no permitiría a Alberta cerrar sus fronteras, cancelar permisos federales o decidir unilateralmente quién puede entrar a Canadá.
¿Cambiarán inmediatamente la salud o la educación?
No.
El referendo del 19 de octubre servirá para medir el respaldo ciudadano a las propuestas. Elections Alberta ha confirmado que las primeras nueve preguntas de la consulta, incluidas las cinco relacionadas con inmigración, no serán jurídicamente vinculantes.
Después de la votación, el gobierno tendría que presentar leyes específicas. Esas normas establecerían quién debe pagar, cuánto costarían las primas, qué servicios quedarían restringidos y cuáles excepciones se aplicarían.
El propio gobierno provincial sostiene que la atención médica de emergencia seguiría prestándose, incluso a quienes no fueran elegibles para la cobertura regular.
Lo que deben saber los inmigrantes
Por ahora, ninguna persona perderá su cobertura médica, su acceso a la escuela o sus beneficios como consecuencia del anuncio.
Quienes tengan residencia permanente tampoco están incluidos en las restricciones propuestas.
La mayor incertidumbre afecta a las personas con permisos temporales, especialmente aquellas que planean estudiar, trabajar o establecerse en Alberta durante los próximos años. Para ellas, el referendo abre un debate que podría definir si la provincia continúa ofreciendo servicios bajo las reglas actuales o empieza a exigir tiempos mínimos de residencia, autorizaciones provinciales o pagos adicionales.
El voto no cambiará inmediatamente la política migratoria canadiense, pero sí podría marcar el inicio de una confrontación política y legal sobre cuánto poder deben tener las provincias para decidir quién llega, quién recibe servicios públicos y bajo qué condiciones.
Redacción de: Mauricio Navas Talero LJI Reporter
