¿Le pueden quitar la ciudadanía a quien la obtuvo por el Bill C-3 si el gobierno cambia la ley? Un abogado de inmigración responde
Desde que el Bill C-3 entró en vigor el 15 de diciembre de 2025, decenas de miles de personas calificaron por primera vez a la ciudadanía canadiense por la vía de un padre, una madre o un abuelo nacido en Canadá, algo que antes la ley les negaba. Y con eso llegó una pregunta que un abogado de Cohen Immigration Law contestó esta semana: ¿qué tan segura es esa ciudadanía si un futuro gobierno decide revertir la ley?
¿Qué cambió exactamente el Bill C-3?
Antes de esta reforma, la ciudadanía por descendencia se cortaba en la primera generación nacida fuera de Canadá: el hijo de un canadiense nacido en el extranjero era canadiense, pero el nieto ya no. El Bill C-3 elimina ese límite para quien nació el 15 de diciembre de 2025 en adelante, siempre que el padre o la madre haya pasado al menos 1,095 días (unos tres años) en Canadá antes de ese nacimiento, la llamada prueba de «conexión sustancial». A quien ya era ciudadano antes de esta ley no le cambia nada.
¿Y si el próximo gobierno da marcha atrás?
Acá es donde entra la respuesta del abogado: «Técnicamente, el Parlamento siempre puede aprobar una ley nueva y cambiar las reglas de ciudadanía hacia adelante. Pero eso es muy distinto a decir que una ciudadanía ya obtenida bajo el Bill C-3 simplemente se cancelaría si un futuro gobierno decide reintroducir un límite generacional.» Y agregó algo todavía más directo: «No es simplemente que IRCC decida un día cancelar un certificado de ciudadanía válido porque cambió el clima político.»
El propio historial de la ley respalda ese argumento. Cuando Canadá introdujo por primera vez el límite de primera generación, en 2009, esa reforma tampoco le quitó la ciudadanía a nadie que ya la tuviera; solo cambió las reglas para quien naciera después. IRCC, de hecho, confirmó que este cambio «no afecta a nadie que ya se haya convertido en ciudadano canadiense antes de que el Bill C-3 se convirtiera en ley.»
Para las familias latinas con algún abuelo o bisabuelo canadiense, un perfil que se repite más de lo que parece entre quienes llegaron a Canadá desde hace generaciones, el mensaje del abogado es claro: el certificado que ya tramitaron o que están tramitando no es un derecho temporal ni condicional. Es la prueba de un estatus que, salvo un cambio legal casi sin precedentes, ya es definitivo.
Redacción de Mauricio Navas Talero LJI Reporter
