Un trustee uruguayo se lanza de nuevo por Toronto, después de que la provincia le quitara el poder a los padres
Matías de Dovitiis llegó a Toronto desde Uruguay a los once años, ya fue trustee del Toronto District School Board (TDSB) en un mandato anterior, y ahora busca recuperar esa banca en la elección municipal del 26 de octubre. Lo hace en un momento particular: hace más de un año, Ontario puso al TDSB bajo supervisión provincial y le quitó a los trustees electos el poder de tomar decisiones sobre las escuelas de más de 250.000 estudiantes. En una entrevista con The Spanish Media, De Dovitiis contó cómo llegó a la política escolar, qué perdieron los padres con esa intervención y por qué decidió volver a postularse.
¿Qué es un trustee, y por qué esa figura casi no existe en Latinoamérica?
Un trustee es una persona electa por distrito, veintidós en Toronto hasta esta elección, que actúa como el vínculo entre las familias, los estudiantes y la conducción de las escuelas públicas, algo parecido a un concejal pero enfocado solo en educación. “Es un catalizador de todas las partes involucradas”, explica De Dovitiis: profesores, directivos, padres y estudiantes. La figura no tiene un equivalente directo en la mayoría de los sistemas educativos de Latinoamérica, donde la gestión escolar suele estar mucho más centralizada, y eso, dice, hace que muchas familias inmigrantes lleguen a Canadá sin saber que ese canal existe ni para qué sirve.
¿Qué pasó con el TDSB y por qué quedó bajo supervisión?
En junio de 2025, el Ministerio de Educación de Ontario puso al TDSB bajo la supervisión de un funcionario designado, después de un informe de la Auditoría General que señaló problemas de gestión financiera, planificación de capital y seguridad escolar. Desde entonces, según confirma el propio TDSB, “los poderes de los trustees quedan investidos en el ministro de Educación”, que nombró como supervisor a Rohit Gupta. El TDSB es una de al menos siete juntas escolares de Ontario que hoy están bajo algún tipo de intervención provincial, junto con distritos de Ottawa, Peel, York y otras regiones, casi todas por razones financieras similares.
De Dovitiis no discute que hubiera problemas de gestión, pero cuestiona la forma en que se resolvieron: “A mí no me vota el ministro, me votan las personas que viven en mi barrio, y yo tengo que representar sus necesidades, no las del ministro”, dice. Según su relato, el supervisor designado cobra un salario cercano a los 300.000 dólares por un puesto que, sostiene, no es de tiempo completo y para el que no tenía experiencia previa en educación. Esa caracterización sobre el perfil y las conexiones políticas del supervisor es la lectura de De Dovitiis, hecha como candidato en plena campaña, y no fue posible confirmarla de forma independiente contra una fuente pública al momento de escribir esta nota.
¿Qué cambia para los propios trustees a partir de esta elección?
Una nueva ley provincial, la llamada Bill 101, reduce de 22 a 12 el número de trustees en Toronto a partir de la elección del 26 de octubre y recorta en 60% su compensación. “El salario se reduce a la mitad y también reducimos la cantidad de trustees. Vamos a tener que cubrir un territorio mucho más grande, con más escuelas, y vamos a ganar menos”, resume De Dovitiis, cuyo propio distrito pasaría de 21 a 43 escuelas. La trustee Michelle Aarts, de Beaches-East York, calificó la reforma como un golpe a la capacidad de los padres de tener voz en la educación, mientras que su colega Sara Erhardt pidió que las órdenes de supervisión terminen antes de la elección.
¿Qué perdieron los estudiantes en el camino?
De Dovitiis pone como ejemplo los centros de educación al aire libre del TDSB, donde generaciones de estudiantes, él incluido, pasaban varias noches en cabañas rodeadas de espacios verdes para aprender sobre naturaleza e historia indígena. “Estamos pasando de tener tres centros a uno”, dice, y advierte que la reducción golpea con más fuerza a las escuelas de zonas más pobres, que dependían de subsidios para poder llevar a sus estudiantes: “Las escuelas con más recursos van a poder navegar más fácil los costos que ahora existen. Las otras simplemente van a decir que no pueden, y eso genera divisiones de clase que el sistema público tiene que combatir, no profundizar.”
El consejo de un exalumno inmigrante a los padres que recién llegan
De Dovitiis insiste en que el sistema canadiense, a diferencia del que muchos padres latinoamericanos conocieron en sus países de origen, le da a la familia herramientas legales concretas para exigir mejoras en la educación de sus hijos: pedir un plan de aprendizaje específico, reclamar ante la dirección o participar en el consejo de padres de la escuela. “Los padres que participan en el consejo de padres, sus hijos tienen mejores resultados académicos y más oportunidades”, asegura, y lo atribuye a un seguimiento más cercano del proceso escolar de cada estudiante, no a ningún trato especial. Su mensaje para el inicio de clases de este año es simple: dedicar tiempo a entender cómo funciona la escuela, aunque cueste, porque esos espacios de participación “se pierden si dejamos de usarlos”.
Redacción de Mauricio Navas Talero LJI Reporter