Alberta le preguntará a sus votantes si los inmigrantes deberían pagar por su propia salud y educación
El 19 de octubre, junto con la pregunta sobre si Alberta debería iniciar el camino legal hacia la separación de Canadá, los albertenses van a votar otras cinco preguntas que apuntan directamente a los inmigrantes: control provincial sobre cuántos entran, quién puede usar la salud y la educación pública, cuánto tiempo hay que vivir en la provincia antes de recibir ayuda social y si hace falta mostrar la ciudadanía para votar. Ninguna de las cinco es vinculante, pero las cinco salieron de un decreto del propio gobierno de Danielle Smith.
¿Qué preguntan exactamente las cinco boletas sobre inmigración?
La primera pregunta plantea si Alberta debería tomar mayor control sobre la inmigración para bajarla a “niveles más sostenibles”, dar prioridad a la migración económica y asegurar que los albertenses tengan el primer lugar en las nuevas oportunidades de empleo. La segunda propone una ley que reserve programas financiados por la provincia, como salud, educación y otros servicios sociales, solo para ciudadanos canadienses, residentes permanentes y personas con un “estatus migratorio aprobado por Alberta”, una categoría que todavía no existe y que la provincia tendría que definir.
La tercera pregunta, que aclara que los ciudadanos y residentes permanentes seguirían calificando para la ayuda social igual que hoy, exige que cualquier persona con estatus migratorio no permanente viva al menos doce meses en Alberta antes de poder acceder a esos programas. La cuarta, con la misma salvedad para ciudadanos y residentes permanentes, permitiría cobrarle a quien tenga estatus no permanente una tarifa por usar el sistema de salud y de educación, para sí mismo y su familia. La quinta pide una ley que obligue a mostrar prueba de ciudadanía, como pasaporte, acta de nacimiento o tarjeta de ciudadanía, para votar en una elección provincial.
¿El resultado obliga al gobierno a hacer algo?
No de forma automática. Las cinco preguntas nacieron de dos decretos del gabinete de Smith, el O.C. 110/2026 para las de inmigración y ciudadanía y el O.C. 109/2026 para las constitucionales, y, como el resto del referéndum, el resultado es una consulta no vinculante. Elections Alberta lo aclara en su propia página: salvo que un decreto diga lo contrario, los resultados no obligan a nada por sí solos. Lo que sí puede pasar es que un resultado favorable le dé al gobierno el respaldo político para llevar cualquiera de estas cinco ideas al terreno legislativo, algo que Alberta no puede hacer del todo sola, porque la Constitución reparte la autoridad sobre inmigración entre Ottawa y las provincias.
¿Qué tanto interés hay realmente en separarse?
La pregunta más difundida del referéndum, la de si Alberta debería comenzar el proceso legal hacia la separación, tiene su propio termómetro: según el rastreo de encuestas del analista Éric Grenier, actualizado el 14 de agosto, cerca de dos tercios de los albertenses dicen que votarían por seguir en Canadá, mientras menos de un tercio apoyaría arrancar ese proceso. No hay todavía una medición pública comparable, pregunta por pregunta, para las cinco propuestas sobre inmigración, así que por ahora no se puede decir con la misma certeza si tienen mayoría a favor o en contra.
Lo que está en juego para quien ya vive ahí
Para el hispano que vive en Alberta con un permiso de trabajo, un permiso de estudio o un trámite de residencia en curso, el referéndum no cambia nada la mañana del 20 de octubre. Lo que sí cambia es el mapa político de la provincia: si estas cinco preguntas salen con una mayoría amplia, Alberta tendrá un mandato claro para insistir en medidas que hoy son solo una pregunta en una boleta, desde cobrar por la salud hasta exigir un año de residencia antes de calificar para ayuda social.
Redacción de Mauricio Navas Talero LJI Reporter