Hay decisiones de gobierno que no hacen ruido cuando se aprueban pero que cambian las reglas del juego para siempre. Lo que hizo Ontario con su ley de acceso a la información es una de esas. Desde abril, los registros del premier, de los ministros del gabinete, de los asistentes parlamentarios y de todo su personal político quedaron excluidos de la ley provincial de libertad de información. Es decir: ya no se les puede pedir que muestren lo que escribieron, lo que decidieron ni con quién hablaron.
La medida pasó como parte del Bill 97, la ley de presupuesto de Ontario, sin debate separado. Se aprobó el 23 de abril y recibió sanción real al día siguiente. Y aunque suene como un asunto de abogados y periodistas, las consecuencias tocan a cualquier persona que viva en esta provincia y dependa de que el gobierno rinda cuentas.
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¿Qué se podía pedir antes y qué ya no?
Hasta ahora, cualquier persona podía presentar una solicitud de acceso a la información para obtener correos electrónicos, memorandos, informes internos o comunicaciones del despacho de un ministro. Esas solicitudes eran la herramienta con la que periodistas, investigadores y organizaciones comunitarias destapaban decisiones cuestionables, conflictos de interés o promesas incumplidas. No siempre funcionaba. Los gobiernos suelen demorar, redactar en exceso o bloquear, pero al menos existía el mecanismo.
Ahora, esos registros ya no están sujetos a la ley. El gobierno de Doug Ford argumentó que la medida simplifica el sistema y alinea la práctica provincial con otros modelos de gobierno. Pero la Comisionada de Información y Privacidad de Ontario fue contundente: los cambios hacen a Ontario “menos transparente que incluso el gobierno federal”.
¿Qué tiene que ver esto con la comunidad inmigrante?
Mucho más de lo que parece. Cuando una organización comunitaria quiere saber por qué se recortó un programa de asentamiento, o un grupo de padres quiere entender por qué cerraron un centro de cuidado infantil en su barrio, o un trabajador temporal quiere conocer los criterios con los que el gobierno decidió cambiar las reglas de su permiso, la herramienta para exigir esas respuestas era la solicitud de acceso a la información.
Sin esa herramienta, las decisiones que afectan a la vida cotidiana de miles de inmigrantes en Ontario se toman a puerta cerrada, sin obligación de explicar. Y en una provincia donde la comunidad hispana depende de programas públicos de salud, vivienda, educación y empleo, la opacidad no es un lujo que nadie pueda permitirse.
La reacción pública
Una encuesta de Abacus Data encargada por CUPE encontró que solo una de cada cuatro personas consultadas apoya los cambios, mientras que la mayoría se opone. La Canadian Civil Liberties Association publicó un editorial titulado “El gobierno de Ontario quiere mantenerlos en la oscuridad”, y varios académicos describieron la reforma como uno de los ataques más serios al derecho del público a saber en los últimos años.
El gobierno no ha dado señales de dar marcha atrás. Pero la historia enseña que las leyes que reducen la transparencia rara vez benefician a quienes menos poder tienen. Y eso, en Ontario, incluye a buena parte de quienes llegaron de otro país.
Redacción de: Mauricio Navas Talero LJI Reporter
